Partiendo del respeto a la ley, toda autoridad legítimamente constituida debería tener aprecio e incluso el afecto de sus conciudadanos. Lamentablemente entre nosotros, las autoridades en general no son paradigma de comportamiento público y por ello no siempre se les otorga las consideraciones a las que teóricamente son acreedoras.

Los recientes acontecimientos violentos en una de las playas del Litoral ecuatoriano y los negativos antecedentes que han dado cuenta recientemente de faltamientos graves a las autoridades, obligan a reflexionar sobre el asunto y a llamar la atención ciudadana. Cabe, de entrada, recomendar la prohibición del consumo de alcohol en los sitios públicos y tales son los balnearios a los que concurren familias con miembros de todas las edades, que no pueden ser sometidos al triste espectáculo de la ebriedad. Todo sitio público debería de estar al resguardo de los desmanes a los que da lugar la pérdida de las buenas maneras a consecuencia de la intoxicación alcohólica.

Si el Ecuador aspira a obtener a base de turismo un incremento de ingresos que contribuyan a superar la actual crisis económica, está obligado a preservar la seguridad de quienes lo visitan y una evidente garantía de seguridad se expresa en el respeto a quienes son sus guardianes.