Editorial: La paz requiere más que marchas en las calles
El Gobierno disfraza de compromiso ciudadano una marcha que busca presionar a la Corte Constitucional
La segunda marcha, la de Guayaquil de hoy, convocada por el Gobierno y presentada como un acto de compromiso de los ecuatorianos con la seguridad y la paz, más bien parece perseguir un propósito político que desvirtúa su naturaleza. Bajo el manto de una movilización ‘ciudadana’ se camufla la verdadera intención, que es la de reforzar la postura de inconformidad hacia el actuar de la Corte Constitucional por haber admitido a trámite las demandas de inconstitucionalidad contra leyes recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional.
El discurso oficial pretende instalar la idea de que quienes cuestionan esas normas se oponen a la seguridad del país, cuando lo que está en juego es la vigencia del Estado de derecho y el respeto a las libertades humanas. Confundir la defensa de la Constitución con un obstáculo al orden es un mensaje peligroso que erosiona la confianza en las instituciones.
El respeto a la Carta Magna y a las leyes no es negociable, es la base de toda democracia. Pretender que la presión de las calles reemplace al examen jurídico de los jueces de la Corte Constitucional es, más que una expresión democrática, un desliz autoritario. Si el Ejecutivo insiste en este camino, no fortalecerá la seguridad ni la paz. Los ecuatorianos demandan un plan integral y efectivo, que devuelva la paz al país, pero dentro de la legalidad.