Sin duda la crisis energética se explica por la negligencia de las autoridades durante los últimos gobiernos. Que las obras hayan sido mal hechas y con corrupción de por medio, que no se hayan hecho las compras de los generadores que se necesitan ni el mantenimiento de los que ya existen son algunos de los temas que explican la crisis energética. 

Pero esa negligencia apenas explica una parte pequeña del drama por el que atraviesa el país. En realidad, lo que tiene al Ecuador en vilo en esta materia es un marco legal y constitucional concebido para que el eje de la inversión y el desarrollo en energía sea el Estado. A pesar de que ya existen ventanas para que la empresa privada arriesgue su capital en centrales hidroeléctricas y otras fuentes de generación, aún el mayor peso de la responsabilidad recae sobre el Estado. Este modelo funciona nada más cuando hay momentos de bonanza económica. 

Pero cuando esa condición de holgura económica del Estado desaparece, ni la inversión en nuevas obras ni el mantenimiento de las que ya existen es posible. El país ha estado prácticamente quebrado durante los últimos ocho años y ese modelo estatista ha impedido el desarrollo del sector. Es tan dramático lo que ocurre que pese a que la demanda de electricidad es menor de la que se proyectaba, lo que hay no alcanza.