Editorial: Ataque integral al gran poder criminal
El Gobierno y los cuerpos de seguridad del Estado deben tener claro el gran tamaño que tiene el poder criminal organizado
El involucramiento de una banda criminal ecuatoriana en el atentado contra un candidato presidencial colombiano es una alarma que no puede ser ignorada. No se trata solo de una mención incidental, sino de una evidencia del poder transnacional de los grupos terroristas ecuatorianos, cuya violencia y control territorial desangran al país. Lo que ocurre en Ecuador ya no es un problema de inseguridad común, sino una amenaza estructural a la democracia, al Estado de derecho y a la soberanía.
Ante esta realidad, el Gobierno central, los gobiernos locales y las fuerzas de seguridad del Estado deben tomar conciencia del tamaño del enemigo. La delincuencia organizada no opera en los márgenes: ha penetrado estructuras estatales, se financia con miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico, la extorsión y el contrabando, y alimenta la desesperanza que empuja a miles de ecuatorianos a migrar.
Frente a ello, la estrategia no puede reducirse a operativos reactivos o discursos altisonantes. Se necesita una política integral que combine inteligencia militar, fortalecimiento institucional, cooperación internacional y, sobre todo, la ruptura de los flujos financieros de las mafias. Eso implica atacar el narcotráfico, pero también la corrupción que permite el lavado de ac