Geografía e institucionalidad

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Geografía e institucionalidad

...el gobierno del presidente Borja, adoptó una ley de drogas (la Ley 108). El resultado de la aplicación de esta ley violatoria de las garantías judiciales fue el hacinamiento en las cárceles y la creación de un sistema
corrupto’.

En el siglo XVI la Corona de Castilla especializó sus dominios americanos en actividades productivas, según las posibilidades de su geografía. En América del Sur, por ejemplo, mientras que en los territorios de los actuales Perú y Bolivia se desarrollaron numerosos enclaves mineros, el territorio que ahora es el Ecuador se especializó en la producción agraria para el consumo interno y en la producción de tejidos para el mercado andino. La economía minera requirió mantener la producción de la hoja de coca para sus explotados indígenas, mientras que la economía agraria y obrajera no. Por esta diferencia, Perú y Bolivia (en conjunto con Colombia) han sido los mayores productores de cocaína del mundo, mientras que el pequeño Ecuador era un actor marginal del negocio del narcotráfico.

Hasta que lo metieron al baile, en los años noventa. Aquí entra en juego la institucionalidad del Estado. Y también el rol de los Estados Unidos de América, a cuyas instancias el Ecuador en septiembre de 1990, durante el gobierno del presidente Rodrigo Borja, adoptó una ley de drogas (la Ley 108). El resultado de la aplicación de esta ley violatoria de las garantías judiciales fue el hacinamiento en las cárceles y la creación de un sistema corrupto, pues como lo explicó la experta Sandra Edwards, para obtener los fondos que el gobierno de los Estados Unidos asignaba al Ecuador por combatir el narcotráfico, “Ecuador debía comprometerse con el juego de los números: más personas en la cárcel y más acusados por delitos relacionados con drogas. […] A cambio de continuar recibiendo la asistencia económica, su trabajo consistiría en detener a tantas personas como fuera posible bajo la Ley 108”. Así, la institucionalidad se pervirtió: casos como Tibi, Chaparro Álvarez y otro, y Herrera Espinoza y otros, resueltos por la Corte Interamericana en contra del Ecuador, son un testimonio de ello.

La institucionalidad del Ecuador siempre ha sido débil y su población usualmente ha desconfiado de ella (no es culpable, el Estado siempre decepciona). Pero en estos últimos cinco años ha ocurrido, so pretexto de una ‘vendetta’ política, el persistente debilitamiento de la institucionalidad por la eliminación de instituciones, el despido de empleados y la disminución de presupuestos. Y, concomitante a este debilitamiento de la institucionalidad (que quiere decir: de la capacidad de control del Estado), el golpe brutal, asesino, de otro agente externo: los cárteles de México. Y de grupos criminales de Colombia, Albania, Italia, Brasil, etc., al punto que según la publicación Insight Crime, al Ecuador se lo conoce como las ‘Naciones Unidas’ del crimen organizado. Así, de casi no pintar nada a ser un ‘hub’ internacional: en treinta y pocos años, descendimos a los infiernos.

A día de hoy, el Ecuador tiene una geografía favorable al negocio del narcotráfico: una enorme línea costera, muchos puertos. Y tiene una economía dolarizada, una prohibición de extraditar y una institucionalidad muy permeable a los incentivos del crimen organizado, además de una Fuerza Pública que no está en capacidad de resistir el embate de los cárteles. Es un país en caída libre.

Los tiempos cambiaron, desde los años noventa. Y no cambiaron para bien.