Ecuador no está debatiendo nada. No se está debatiendo sobre el aborto. Si estuviéramos teniendo ese debate, estaríamos analizando si una mujer puede o no abortar. Sin más. Libremente. No por causales que médica y psicológicamente lo justifican. Sino porque la mujer tiene la voluntad y toma la decisión de abortar. Eso es debatir sobre el aborto y eso es lo que se ha hecho ya en otras partes del mundo. Lo que está haciendo Ecuador hoy es ponerse al día en la vía más básica. En no mandar a la cárcel a una mujer violada. Las demás mujeres, las que no tienen más razón que su decisión particular para abortar, siguen expuestas al peso del Código Penal. Como si tener hijos fuera un asunto de índole pública y nacional. Aún no hemos llegado a ese punto en que nos ponemos a pensar si tiene sentido que otros -todos los demás- tengan voz y voto con sus creencias y circunstancias sobre la voluntad de una mujer de tener o no hijos una vez que está embarazada.

Cuando la conversación política se siente con madurez a hablar de hasta dónde llega el derecho de una mujer a decidir sobre sí misma y su cuerpo, entonces estaremos hablando de un debate sobre el aborto. El aborto libre. Ahí, será el momento de ponerse de acuerdo sobre los plazos o los requisitos. No sobre los valores religiosos que impúdicamente alegan muchos para imponerlos por sobre la realidad de todos, creyentes y no creyentes.

Mientras tanto, lo que tenemos que decidir es cómo se permite y garantiza -no limita ni restringe- el acceso a la interrupción del embarazo a una mujer violada. La Corte Constitucional ya despejó ese camino. Ya está despenalizado. Lo que se está decidiendo es cómo hacerlo cuando concurre esta causa. El problema es que hay quienes quieren reinterpretar el mandato constitucional como si hubiese un resquicio para reconducirlo: que no se hable de las condiciones para acceder al aborto sino que se hable de cómo impedirlo. Poner limitantes que reviertan la realidad de que una mujer embarazada ya no puede ir a la cárcel por abortar si ha sido violada. Y que el médico que práctica el aborto tampoco puede ser encausado penalmente. Ni lavarse las manos si eso implica -por escasez de alternativas, por ejemplo- que su negativa impida el acceso al aborto a la mujer, por más objetor de conciencia que sea.