Como que no había salida; los que me conocen, saben que este tema no podía mirarlo desde lejos. Escribí sobre esto en mi columna de Twitter en julio, antes de trasladarme a Expreso.

El Estado ecuatoriano, como sabemos, ha otorgado miles de carnés de discapacidad a personas que no tienen ninguna. En vomitivo contubernio con las autoridades de salud, una inaudita cantidad de individuos -que no tienen ninguna razón para considerarse discapacitados- han conseguido aquellos carnés que les garantizan varias e importantes compensaciones: tributarias, económicas y del ordinario vivir.

Es incuestionable que en este país los discapacitados no gozaban debidamente de esas compensaciones necesarias y justas, antes de que el actual presidente -como discapacitado- se preocupara por ese sector de la población, durante su vicepresidencia hace varios años. Y, es tan cierto eso, que es recién cuando esas ventajas se vuelven evidentes, que la sombra de la corrupción empieza a meterse por las goteras hasta contagiarlo todo.

Incluso funcionarios públicos de todo nivel se han autodefinido como discapacitados y obtenido fraudulentamente sus carnés, para pagar menos impuestos, para importar vehículos con menores aranceles, reducir sus costos de energía eléctrica, entre otras prerrogativas. Los carnés se vendían sin exámenes médicos, sin pruebas, sin procesos... y sin vergüenza (y se compraban así, también, desde luego). Esto ha causado la debida indignación y repudio de los discapacitados de verdad. De aquellos que han tenido que pasar por el largo e inusualmente espinoso proceso burocrático para probar su condición, cumpliendo con todos los requisitos necesarios para obtener ese carné.

Pero aquí hay una oportunidad casi inverosímil. Desde el punto de vista legal, estos casos de corrupción tienen el potencial de ser sumamente fáciles de procesar, porque resulta extremadamente sencillo identificar a los culpables (¡han delinquido con foto y número de cédula!)... y, en consecuencia, fáciles de sancionar debidamente (junto con las autoridades que lo permitieron o facilitaron). ¡Por Dios, está en bandeja!

Ojalá no empecemos a ver discapacitados recuperando milagrosamente sus facultades y superando las causas de sus discapacidades por miedo a la cárcel... Si es así, deberá venir el momento de sancionar a los médicos que validaron el proceso del milagro, si resulta indebido.

Empecé diciendo que este tema no puedo mirarlo solamente desde lejos, pues tengo una hija con una discapacidad (y estoy seguro de que muchísimos de ustedes la conocen, pero no saben que soy su padre). He pasado yo, desde que ella nació (y ella durante los últimos años) cumpliendo todos y cada uno de los procesos debidos y las recalificaciones necesarias para que pueda tener su carné. No, ella no ha realizado la importación de ningún vehículo; no, no pagamos menos en el consumo de energía eléctrica; no, no ha pedido la devolución del IVA.

Para la detestable conducta de quienes han delinquido así, no hay prótesis... ¡pero que haya cárcel!

Esto empezó hace varios meses, y hasta ahora poco o nada ha pasado. ¿Será porque quienes deben impulsar los procesos tienen temor por alguna razón? ¿Será porque gente cercana a ellos ha delinquido así, con foto y número de cédula?