Correístas o versátilmente cínicos
El Cpccs tiene, entonces, en las mejores perspectivas, un año más de vida.
Los correístas y sus aliados ni rectifican ni aprenden: esa actitud es proverbial. Esta semana se produjo otro ejemplo en la Asamblea Nacional, en la última sesión del año, durante la cual se inició el primer debate -de los dos necesarios- de las enmiendas constitucionales destinadas a retirar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, (Cpccs), la potestad de designar las autoridades de los organismos de control.
El papel jugado por ese ente, creado en Montecristi, en favor del correísmo es conocido: sirvió para que Rafael Correa concentrara todos los poderes y él y sus funcionarios gozaran de total impunidad. Dos iniciativas caminan en forma paralela sobre la suerte del Cpccs.
Una, en la Asamblea, para limitar sus funciones. Y otra, mediante una consulta popular, para eliminarlo de la arquitectura institucional. Las firmas ciudadanas para convocarla están siendo recogidas por el Comité por la Institucionalización Democrática que coordina Pablo Dávila, exconsejero y estrecho colaborador de Julio César Trujillo.
El Cpccs tiene, entonces, en las mejores perspectivas, un año más de vida. En los sondeos no goza de buena salud, lo cual augura, en caso de consulta, su desaparición. Y en la Asamblea quedó claro, en ese primer debate, que la mayoría de fuerzas políticas son favorables a que el Cpccs no pueda designar a las autoridades de control. Esa mayoría, en la cual no están los correístas, quiere que esas atribuciones regresen a la Asamblea. No ha definido -aunque hay propuestas-, cómo podrían evitar que esas designaciones se hagan según la ley del reparto de tronchas, como ocurrió en el pasado. Ya hay voces que aconsejan aprender de lo que hizo el Cpccs transitorio, presidido por Julio César Trujillo: crear mecanismos de participación ciudadana, audiencias públicas o veedurías. Y hacer sesiones públicas con los candidatos en las que se expurgue no solo su hoja de vida sino su labor pública. En ese contexto, la actitud de asambleístas correístas, como Juan Cárdenas o Rodrigo Collaguazo y aliados suyos, como Silvia Salgado, no solo reman a contracorriente: escandalizan. Porque el debate que plantean es falaz y atestado de sofismas. Los correístas tienen la singular costumbre de nunca confrontar las tesis que enarbolan con los resultados que producen. Hablan de respetar el quinto poder, que está en la Constitución, como si ese ente pudiera exhibir activos a favor de la democracia y la transparencia en la gestión pública. Y luego, supino sofisma, ven en su existencia la prueba irrefutable de que asegura una real participación ciudadana.
Es inverosímil escuchar al asambleísta Juan Cárdenas, amigo de vacuas prosopopeyas, afirmar que las enmiendas no cumplen con lo que dice la Constitución y constituyen “una regresión imposible de subsanar”. Regresión fue tener a un contralor que durante la década correísta no vio las atrocidades que cometieron con el dinero público y, además, cobraba coimas. Regresión fue tener a Juan Pablo Pozo en el Consejo Nacional Electoral organizando fraudes y, además, condecorado por el propio Correa. Regresión fue tener a Galo Chiriboga en la Fiscalía, persiguiendo. Esas son regresiones que sí son imposibles de subsanar.
Silvia Salgado, experta en lavar honras ajenas (la de los jerarcas correístas) quiere salvar al Cpccs con una tesis peregrina: la evolución del sistema democrático, puesto que el sistema de representación está en crisis. ¿Cómo se salva? Con democracia social. ¿Y quién la encarna? El Cpccs. Los correístas y sus aliados no solo son cínicos: son versátilmente cínicos.