Para nadie es secreto los desafíos que enfrentamos, el dolor que esta pandemia ha traído a nuestras familias ni los cambios que hemos debido incorporar a nuestro diario vivir.

Cuando todo comenzó, este era un virus desconocido por completo, confiamos en la palabra de aquellos que nos dijeron que debíamos quedarnos en casa por un tiempo y soy incapaz de criticarlo, ya que en ese entonces no teníamos otra opción y las muertes no dejaban de aumentar. Dicho esto, nos encontramos en un estadio completamente distinto de la pandemia. A diferencia de marzo de 2020 hoy contamos con una población en su gran mayoría vacunada (previo a su obiglatoriedad), con vacunas seguras y eficaces, con un personal médico experimentado en tratar la enfermedad (lo que no debe confundirse con que hemos encontrado una cura) y una sociedad muy consciente de lo que la COVID es capaz de hacer.

Cómo lo dije en mi columna anterior, yo estoy vacunado y con refuerzo, y aliento a todos a que lo hagan, enfáticamente. Sin embargo, la vacunación obligatoria es algo con lo que no estoy de acuerdo y en estas líneas espero exponerles correctamente por qué.

Teniendo en cuenta que las vacunas son seguras y eficaces y que todo el que se quiere vacunar, gracias a la gestión del Gobierno, tiene acceso a ellas, la vacunación obligatoria implicaría que las personas que no se han vacunado sea por los motivos que sea, ahora deban hacerlo para vivir en sociedad.

Ustedes dirán, ¿por qué me preocupa esto? Porque por más que esté en la ley, sienta un precedente de que el Estado puede obligar a que consumas o inyectes cosas en tu cuerpo con las que no está de acuerdo.

Hoy obligan a las vacunas para evitar la propagación del virus, mañana podrán prohibir -bajo el mismo razonamiento- los cigarrillos para evitar el cáncer de pulmón, luego el azúcar para prevenir la diabetes, y la lista sigue.

No digo que lo harán, digo que es un riesgo que corremos cuando se le da más poder al poder.

Bien dicen los estadounidenses: “Dales una pulgada y se llevan una milla”.