Ha pasado un lustro de la firma del acuerdo de paz en Colombia, 24 de noviembre de 2016, entre Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Todos, en particular los ciudadanos de talante democrático y propaz, anhelábamos este acuerdo logrado tras cuatro años de complicadas negociaciones que implicaron a mucha gente destacada, como Nelson Mandela. Pero también sabíamos, por versión del Madiba (padre, en xhosa), que lo más arduo es la construcción de la paz, ya que tiene muchos enemigos. Conocedores de esta realidad, los últimos gobiernos ecuatorianos han actuado equivocadamente en relación a los problemas que conlleva la pospaz, sin darle un tratamiento integral a la frontera norte. Los obstáculos son: 1.- La incomprensible oposición de la ultraderecha uribista y su títere, el gobierno Duque, a la paz por la cantidad de trabas puestas a la ejecución de los acuerdos suscritos, protegidos constitucionalmente. En esta perspectiva, el acuerdo de paz ha carecido del apoyo institucional necesario para impulsarlo con todas las garantías del caso. 2.- El acuerdo de paz ha beneficiado a toda la sociedad colombiana; cada vez la ciudadanía lo apoya más. Fue uno de los temas más reclamado (Cumplimiento de los Acuerdos Adquiridos) en las masivas movilizaciones sociales de 2019 y 2020, pero que hasta ahora ha incumplido el Estado. Presidente Lasso, en este gobierno no se puede confiar, por más que se lo garanticen sus cofrades. 3.- El torpedeo del régimen al acuerdo de paz es tan irracional, que el desarrollo de los seis grandes temas concertados en La Habana ha avanzado relativamente poco, no los han desaparecido por el blindaje constitucional y la movilización social y política. La incoherencia gubernamental ha provocado, por ej., la extensión de cultivos y laboratorios principalmente en los dptos. de Nariño y Putumayo. 4.- Los analistas colombianos esperan graves problemas con la Jurisdicción Especial para la Paz, que como tribunal de justicia transicional debe atender pronto el caso de los falsos positivos, donde están implicados altos mandos de la ex administración Uribe y FF. AA.