El crecimiento delictual

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El crecimiento delictual

No hay un plan nacional de seguridad integral ni la fuerza pública tiene un nivel de profesionalización y equipamiento para luchar contra el crimen organizado transnacional y nacional

Los ecuatorianos nos preguntamos de manera permanente y cotidiana el porqué del aumento de sicariatos, de capturas de alijos de drogas, de incremento de robos y asaltos en todas nuestras ciudades, porque en el imaginario social se ha ampliado la percepción de inseguridad, miedo y temor colectivo por los aluvionales hechos delictuales. El Estado asume una serie de medidas para enfrentar la creciente ola delincuencial pero el colectivo nacional siente que estas son difusas, improvisadas e intermitentes, y pensamos en el fracaso del Estado, incluso se opina en la construcción paulatina de un Estado fallido. Las estadísticas criminales enseñan que 81 % de las muertes violentas se producen en áreas urbanas; que 64 % de los delitos contra la vida se concentra en tres provincias costeras: Esmeraldas, Manabí y Guayas, donde sobresale la Zona 8 (conformada por los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón) con 508 asesinatos en lo que va de 2022. En Guayaquil estos asesinatos se concentran, 70 % en tres grandes sectores: la Febres-Cordero, Ximena-Guasmos, y el noroeste-Pascuales. Las motivaciones de las muertes violentas son: microtráfico 47 %, amenazas de extorsión 22 %, riñas 9 % y robos a personas 6 %. En las cárceles se registran más de 400 muertos con ensañamiento, incluyendo la masacre de Santo Domingo de los Tsáchilas, por enfrentamientos entre bandas criminales. Poco han servido las declaratorias de estado de excepción y de sitio por parte de los últimos gobiernos para disminuir la inseguridad, ya que han continuado dándose sicariatos y delitos contra la propiedad. No han servido para disuadir a la delincuencia organizada ni a la callejera la salida a las calles de las FF. AA. y la PP. NN.; los operativos no han logrado disminuir el índice de 35 muertes violentas diarias registradas en las 3 provincias mencionadas, argumento usado por el banquero presidente del Opus Dei para justificar el actual estado de excepción en ciertas áreas territoriales. No hay un plan nacional de seguridad integral ni la fuerza pública tiene un nivel de profesionalización y equipamiento para luchar contra el crimen organizado transnacional y nacional.