Nuestra Constitución es garantista y concede multiplicidad de derechos. Se los concede hasta a la naturaleza y son especialmente gratos de leer los establecidos en el artículo 66, donde se consagran los denominados derechos de libertad.

Sin duda, la Constitución del 2008, que no me gusta llamar de Montecristi para no ofender a la cuna de Alfaro, tiene textos rescatables, pero fue elaborada para montar un proyecto totalitario y debe ser cambiada por una Carta Magna democrática lo más pronto posible.

Una consulta para hacerlo es un pendiente del presidente Lasso.

Mientras tanto, con la actual o bajo la vigencia de cualquier otra Constitución, un elemento en que se sustenta la convivencia democrática debe ser el respeto a la ley y dentro de ese principio, es obvio, se incluye el respeto a las decisiones de los jueces.

En el caso que voy a narrar obviamente no quiero ni debo tomar partido en cuanto a quién tiene razón en el litigio que ha llevado a una de las partes a solicitar medidas cautelares que, habiendo sido concedidas, debieron tener el efecto inmediato de la paralización de las obras que, en un terreno en disputa, está realizando el alcalde de Quevedo.

El hecho cierto es que las obras del munícipe están por inaugurarse, pues la primera autoridad del cantón no ha considerado de su obligación, el respetar una decisión de juez constitucional.

Cuando estamos necesitando generar un ambiente de confianza sustentado en reglas del juego claras, una de ellas fundamental, repito, es el respeto a las normas que garantizan los derechos de las personas.

No podemos seguir viviendo en un ambiente donde cada cual hace la que le da su regalada gana. Entonces rige la ley de la selva y cada cual impone su fuerza según la tenga y los más débiles quedan en absoluta indefensión. Eso no puede ser permitido ni tolerado. Los derechos no deben ser asumidos como un talco que nos podemos pasar por donde queramos.

Es tiempo ya, de cultivar el respeto a la ley y de que las autoridades correspondientes se ocupen en garantizarlo. Ese es el entorno indispensable de la convivencia democrática.