Eduardo Carmigniani: ‘Lobby’ Veloz
La propuesta Veloz en apariencia es menos demagógica. Pero solo en apariencia
Un nuevo proyecto sobre ‘lobby’ saltó a la cancha. Lo presentó el pasado 27 de noviembre la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz (RC). Pero es peor que uno previo, de agosto de 2020, del entonces asambleísta Esteban Albornoz (PAIS).
El proyecto Albornoz planteó un listado de gestiones de ‘lobby’ materia de registro público. Pero era tan general que entraba prácticamente todo: desde obtener “la celebración, modificación o terminación a cualquier título, de todos aquellos contratos que prevean las leyes”, hasta “la adopción y/o emisión o no de todos aquellos actos administrativos... ...previstos o que se prevean a futuro en las leyes”. Terminaba ampliándolo, por si se le escapase algo, con esta fórmula: “así como, en general respecto de otros actos que interesen a particulares”, lo que hubiese abarcado temas tan simples, agrego yo, como gestionar permisos de construcción o la aprobación de actos societarios en la Superintendencia de Compañías. Terminó archivado.
La propuesta Veloz en apariencia es menos demagógica. Pero solo en apariencia. Abandona el listado Albornoz -posiblemente para no decir ridiculeces de frente- pero usa una definición bien general: cabildeo es “cualquier comunicación o contacto que se realice con un cargo púbico para promover, defender o representar un interés con el objeto de incidir en una decisión”. Es decir, todo. Solo excluye -también solo en apariencia- “las actuaciones en procedimientos administrativos y/o judiciales”, pero con una salvedad: no están excluidas cuando “se intente incidir en el resultado de tal procedimiento”, como si las defensas o intervenciones de abogados en esos asuntos no tuviesen por obvia finalidad intentar tener éxito para su cliente. Semejante memez.
Una cosa -que está muy bien- es regular el ‘lobby’ para poder conocer si las decisiones generales (leyes, políticas públicas) han estado influidas, y cómo, por intereses particulares. Pero considerar ‘lobbysta’ a cualquier abogado -creando obligaciones de reporte de clientes y contratos- más allá de torpe solo encarecerá los servicios, a costa del cliente, no obstante la obviedad de que la asesoría jurídica frente al Estado es pública.
Lo peor viene después: cualquier pedido de reunión a un funcionario debe ser efectuado en un formulario creado por la Defensoría del Pueblo, y enviado vía página web para que sea contestado en un “término de 30 días”. Linda esa forma de hacer eficiente a la administración pública.
