Intolerancia política

Dieciocho días y casi USD 1000 millones después los conaies del país deciden levantar el paro. Luego de jugar con el Gobierno el juego de las sillas, que me levanto, que te levantas, que te vas y que regresas, que somos y que no somos (interlocutores válidos), los indígenas se dignaron a levantar las medidas, a cesar sus actividades delictivas, a detener sus actos terroristas. Llegaron a un consenso con el Gobierno en el cual ellos amenazaron, el Gobierno cedió; ellos caotizaron el país, el Gobierno los premió; ellos violentaron la Constitución, el Gobierno los sentó en una mesa de diálogo, una mesa en la que se tomarían decisiones que atañen a todo el país. El sector privado no está en esas mesas; el sector empresarial, productivo, el que mueve el aparato económico y que fue quien sufrió el impacto económico de forma directa de la turba de delincuentes de poncho, no ha sido convocado a estas mesas de diálogo; el sector académico; el sector financiero, al que le ha tocado absorber los efectos negativos del incremento del riesgo país, tampoco está invitado a las mesas de diálogo. ¿Dónde quedan los demás poderes del Estado? ¿Acaso el Gobierno es autosuficiente para dar solución a todo? Estas mesas son solo de los que no escuchan y de los que no hablan.

Los conaies no se dan por enterados de que vivimos en una democracia, una democracia representativa. Elegimos autoridades para que gobiernen, para que legislen, para que marquen las reglas del juego; cada sector de la sociedad elige a sus candidatos, así todos estamos representados en la Asamblea. Los conaies están representados por los Pachakutik, habiendo logrado en las últimas elecciones una representación que supera con creces lo que en realidad son en el país. Aun así, parecen no darse cuenta de que los cambios que quieren imponer por la fuerza, los pueden y los deben realizar desde su representación en la Asamblea. No se dan por enterados y siguen adoptando la posición de víctimas oprimidas por el Estado y las oligarquías, en un discurso caduco que ya no se soporta en la realidad. Tuvieron casi el 20 % de asambleístas, llegando a ser el segundo bloque en la Asamblea y no lograron nada. Prefirieron salir a las calles a destruir para imponer sus caprichos por la fuerza, encontrándose con un gobierno débil y desorganizado, sin preparación alguna para contenerlos, sin capacidad para articular soluciones rápidas.

Y es que para este Gobierno su incapacidad política es autopercibida como una virtud, confunde “operador político” con “hombre del maletín” y el “llegar a acuerdos” con entregar hospitales y espacios de corrupción. ¡No! La capacidad política de un gobierno radica en su habilidad para llegar a consensos en beneficio del país; no se puede gobernar a puerta cerrada, de forma autocrática, no estamos en una dictadura o en un Estado monárquico. El poder Ejecutivo debe consensuar en la Legislatura para viabilizar sus planes de país (si es que los tiene); eso es democracia, el poder del pueblo representado en la Asamblea, una Asamblea que no parece estar a la altura del trascendental rol que el país demanda y que no logra responder a sus mandantes.

La intolerancia política pasa la factura y es el pueblo el que tendrá que pagarla. ¿Quién se hará responsable en esta ocasión?