Diálogo condicionado
Quizás lo más rescatable de este proceso de diálogo es el compromiso de ambas partes de continuar dialogando’
Luego de noventa días dialogando, el Gobierno Nacional y las organizaciones indígenas alcanzaron 218 acuerdos, reconocieron los desacuerdos y se comprometieron a hacer seguimientos y a mantener las líneas de diálogo abiertas.
No deja de preocupar el excesivo protagonismo que le ha otorgado el Ejecutivo a los movimientos indígenas, especialmente considerando que dichos acuerdos tendrían un impacto económico directo de casi mil millones de dólares a las arcas fiscales. Sin embargo, vemos como positivo el haberse mantenido firme en aquellos asuntos que resultaban insostenibles para la exigua economía del país, como lo es el subsidio indiscriminado a los combustibles y el control arbitrario de precios. En lo primero se logró un acuerdo parcial para una focalización del subsidio con definiciones claras, aunque muy complejas en su implementación, con miras a dirigirlo a quien lo necesita. En lo segundo, el Gobierno se mantuvo firme frente a la demanda irracional indígena de meter la mano en la economía mediante fijación de precios, lo cual hubiera generado grandes distorsiones en el mercado, escasez y la creación de mercados negros.
Quizás lo más rescatable de este proceso de diálogo es el compromiso de ambas partes de continuar dialogando. El mismo Iza, a la culminación del plazo y la firma de las actas finales, convocaba a todos los colectivos del país para consolidar las propuestas alcanzadas con el Ejecutivo, solicitaba trasladarlas a las otras funciones del Estado a fin de viabilizar los acuerdos, pedía a la Asamblea dar trámite con urgencia a las reformas legales pertinentes. Toda una exhibición de carácter democrático. El propio Gobierno, con optimismo, señalaba que el proceso había sido exitoso, con resultados orientados al beneficio de todos los ecuatorianos y rescataba la continuidad del proceso al que califica de fecundo, democrático y participativo, el cual deberá extenderse a otros sectores.
Con definiciones inmediatas, a partir del miércoles 19 se iniciaría la instalación de las mesas de seguimiento a los acuerdos alcanzados. Se conformará una comisión de seguimiento que vigilará el cumplimiento de los 218 acuerdos, se instalarán mesas técnico-jurídicas que elaborarán cuatro nuevas leyes: Ley de Consulta Previa, Ley de Consulta Pre-Legislativa, Ley de Petroecuador y la Ley de Recursos Hídricos; además de reformas a la Ley de Hidrocarburos y Minería y a la Ley de Circunscripción Territorial Amazónica.
De esta forma, el Gobierno se asegura que con el cierre de las mesas no concluya el diálogo “fecundo, democrático y participativo”. Y es que mientras los movimientos indígenas estén sentados dialogando, como corresponde hacer en cualquier democracia, no están en las calles lanzando piedras.
No deja de causar preocupación que, al parecer, estos acuerdos deben ser aún puestos en conocimiento y consideración de las bases de las organizaciones indígenas y serán estas las que avalen dicho resultado o muestren su descontento regresando a las calles. Esta incertidumbre demostraría la débil posición del Gobierno frente a este grupo minoritario, cuya volatilidad amenaza a todo el país. ¿Estamos preparados para recibirlos?
