En la política siempre ha sido costumbre el lanzar acusaciones para descalificar al contrincante. Después de todo, la legitimidad es algo que a muchos nunca les ha gustado compartir. Siguiendo tan venerable tradición, hoy se llega al extremo de llamar a medio mundo “antiderechos” o “antilibertad”. De esa manera, los que no son ellos quedan como enemigos hasta de la democracia, donde todos somos libres, iguales y poseedores de derechos apegados a nuestra humanidad.

Sin embargo, si hacemos el sacrificio cívico de prestar atención al discurso de los políticos, podemos observar que prácticamente todos profesan el credo de la libertad y el derecho. Progresistas y conservadores se autoproclaman defensores de la libertad contra la opresión. Todos tienen su tirano favorito que antagonizar y un grupo al que acusan de abusivo o privilegiado. Cada uno tiene su larga lista de derechos sobre los que sostiene su programa: la vida, la expresión, la propiedad, el empleo, la no discriminación; una lista cada vez más larga y ya muy redundante.

Pero, como en las religiones, esa profesión de fe común no es ninguna garantía de que estén de acuerdo. Y eso es bueno, porque a diferencia de una iglesia, en una democracia pluralista la verdad no está revelada desde arriba y la conformidad absoluta no es un requisito. Que haya discrepancias significa que hay muchos contrincantes dentro de la democracia, pero no enemigos. Enemigos son los que quieren llevarnos fuera de la democracia y de los consensos fundamentales sobre la dignidad humana. Y confundir a los unos con los otros es el mayor favor que podemos hacerle a los peores.

Lo que distingue a nuestros políticos en el discurso es una competición por quién entiende y defiende mejor los derechos y libertades del ciudadano. En el debate del aborto nadie quiere violar la autonomía sobre el cuerpo de una persona, pero se discute la naturaleza del no nacido. En la economía todos están de acuerdo sobre la libertad, pero unos enfatizan la coerción del Estado y otros la del mercado. Ninguno es fundamentalmente antiderechos o antilibertades, pero lanzar tales acusaciones libremente es sin duda antidemocrático.