“¡Me violó! ¡Me violó! ¡Te juro que me violó!”. Escuchar a una niña llorando, tratando de convencer a los demás de que había sido violada por el chofer del expreso que la llevaba a su colegio fue desgarrador. Pensaba en mi hija, en los padres de la niña, en sus amigos y en el colegio cuya primera respuesta fue proteger el nombre de la institución, cuidar el prestigio, no manchar su reputación

Cuánta rabia da que la palabra de niñas y mujeres siempre esté en duda. Que la víctima de una agresión sexual en un espacio que debería ser seguro tenga que defenderse de quienes sugirieron que estaba ebria. Que no se siguiera ningún protocolo de atención, que ninguna reacción haya sido digna y ágil. Que se haya permitido que el conductor desaparezca y la rectora renuncie antes de que se le inicie un proceso sumarial, cuando la ley determina que, una vez iniciado un proceso de investigación, no se puede aceptar la renuncia de los investigados.

El sistema educativo nacional enfrenta un déficit de 5.300 psicólogos para cumplir con el estándar en los departamentos de consejería de las instituciones educativas. ¿Cómo pueden darles apoyo con tremendo déficit? ¿En manos de quién están nuestros hijos?

Entendemos ahora por qué no se brindó acompañamiento psicológico y socioemocional a la estudiante y tampoco a los familiares, a quienes nunca se guió para poner la denuncia en la Fiscalía. Las autoridades se concentraron en indicar qué debían responder los alumnos si les hacían preguntas respecto a su compañera y no solo eso: se quiso sancionar a los estudiantes que realizaron una marcha en respaldo a su compañera.

Cuando las niñas no encuentran acompañamiento ni garantías, cuando no les creen y las revictimizan sugiriendo que ellas tienen la culpa de ser agredidas, hemos fallado como sociedad y como Estado. ¿Dónde está la secretaria de Derechos Humanos?

Sin embargo, como una semilla de esperanza que empieza a crecer, vimos a jóvenes tomarse una calle para alzar su voz más allá de las redes sociales.