Carlos Emilio Larreátegui: Educación particular y desarrollo
Las universidades particulares han demostrado ser eficientes en la gestión de recursos
La educación superior particular en el país comenzó en 1946 con la creación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sin embargo, la mayoría de las universidades particulares, un total de 28 entre autofinanciadas y cofinanciadas, surgieron en la década de los noventa con la reforma legal impulsada por Durán Ballén. En los últimos 30 años, estas instituciones han adquirido un papel fundamental en el país, formando a casi el 40 % de los estudiantes universitarios, según datos de 2022. Su importancia no solo radica en la cantidad de alumnos que educan, sino en su contribución al desarrollo nacional.
Las universidades particulares amplían el acceso a la educación en un contexto donde el Estado, con recursos limitados y múltiples prioridades sociales, no logra cubrir la demanda. Gracias a su oferta académica, estas instituciones permiten que más personas accedan a la educación universitaria, mientras el Estado se enfoca en necesidades más urgentes.
Asimismo, las universidades particulares han demostrado ser eficientes en la gestión de recursos. Según datos de Scopus al 2024, a pesar de ser menos numerosas y contar con menor financiamiento que las públicas, han generado un 40 % más de publicaciones científicas en revistas indexadas. Esta eficiencia también se refleja en la calidad de su infraestructura y los servicios que ofrecen.
Además, su gestión, independiente de un estado burocrático, les otorga mayor dinamismo y capacidad de adaptación. La innovación en programas académicos, métodos de enseñanza e investigación, junto con la incorporación de nuevas tecnologías, han sido algunos de sus avances.
Si bien la regulación es clave para garantizar la calidad, es fundamental encontrar un equilibrio que respete la autonomía y brinde flexibilidad para que las instituciones se adapten a los cambios de nuestro tiempo. Un sistema de educación superior eficaz requiere tanto universidades públicas como particulares. No se trata de elegir entre una u otra, sino de fortalecer todas las instituciones para ampliar el acceso, mejorar la calidad y optimizar la inversión pública.
