El embajador y nuestra justicia

El Embajador de Estados Unidos hace pocos días tuvo frases muy fuertes contra la administración de justicia de nuestro país, indicando sin ambages que es una narcojusticia porque dicta resoluciones, fallos o sentencias a favor del narcotráfico y el crimen organizado. Estas expresiones no han podido ser refutadas con la claridad que debió haberse hecho en caso de que lo afirmado por él no fuere verdad. Desgraciadamente, como le consta a todo el pueblo, hay jueces y fiscales que no son tales por mil razones, que dictan resoluciones que desprestigian a la justicia y ponen en peligro la seguridad de nuestra sociedad. El mérito de un juez depende de su valor, de su honestidad, de su pensamiento y de su ética. Recordemos un pensamiento popular filosófico que encierra una gran verdad: leyes hay, lo que falta es justicia Y cuando no hay justicia los Estados no son sino grandes empresas de criminales, como dijo San Agustín. Ante esta dura realidad la sociedad no puede permanecer estática. Debe exigir a los organismos encargados de controlar a jueces y fiscales que cumplan a rajatabla con sus obligaciones, con independencia, sin el influjo de fuerzas económicas o políticas de naturaleza alguna y sancionarlos con todo el rigor de la ley. No es razonable que se les impongan sanciones después de mucho tiempo, cuando incluso las acciones indebidas ya se han olvidado, con penas risibles para las actuaciones indebidas que cometieron. Deben ser destituidos de inmediato; así podría atacarse este problema con eficacia y celeridad. Colegios profesionales de abogados, academias de derecho, facultades de jurisprudencia de las universidades del país, deben formar un solo cuerpo y juntas enfrentar este grave problema con soluciones acordes a la realidad nacional. De todas las cosas que existen en la vida la única insustituible es la justicia. La legislación penal el COIP, fundamentalmente, demanda una reforma a fondo para que no defienda al victimario antes que a la víctima. Esta reforma le corresponde a la Asamblea, que debería estar integrada por juristas y no por pseudopolíticos que de derecho nada saben. Esta es otra tragedia en la lucha contra los jueces y fiscales que actúan deshonestamente, puestos al servicio de fines protervos: la falta de celeridad en las reformas urgentes de las leyes de nuestro país.