Un chanchullo más

El CNE ha construido a pulso un modelo peligroso. Cuando la democracia ha exigido certezas el Consejo ha ofrecido interpretaciones elásticas para que todo luzca institucional y no se vea lo de fondo, una maniobra más. Citar la ley es lo de menos, el problema es cómo se la usa. 

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La han venido exhibiendo como escudo retórico para decisiones que llegan tarde, son selectivas, caen donde más daño hacen y producen el mismo efecto que una sanción sin sentencia. Se restringe la participación cuando ya no hay tiempo real para defenderse, reaccionar o competir.

Diez días para “defensa” a organizaciones como Unidad Popular y Construye suenan razonables en un escritorio. En la vida real, esos diez días son una trampa al caer en medio de una asfixiante convocatoria electoral. El derecho a la defensa no se mide en conteos administrativos sino en capacidad efectiva de ejercerlo. 

Si el procedimiento se activa cuando ya no existe margen material para corregir, impugnar, reorganizar o participar, entonces no es defensa, es una parodia. Es el tipo de legalidad “resorte” que denunciamos antes, se estira para justificar decisiones severas y se encoge para eludir preguntas serias como: ¿por qué ahora? ¿por qué no se aplicó con anticipación, con previsibilidad, sin condicionar la competencia? Si el estándar es estricto debe serlo siempre, no buscando el cronómetro electoral para golpear al “enemigo”.

La seguridad jurídica en lo electoral es la garantía de que actores y ciudadanía planifican su participación con reglas estables. Alterar tiempos, activar controles en un momento súper oportuno para “alguien” o reordenar etapas como si fueran fichas, introduce incertidumbre y destruye confianza. 

La democracia no se organiza con sorpresas. Cuando se adelantan elecciones o se comprimen etapas, no solo se cambia una fecha, se interviene el tiempo político. El proceso deja de ser una pista nivelada y pasa a ser una carrera donde gana quien conoce con anticipación los espasmos intelectuales del árbitro.

Se ha venido normalizando la transgresión del marco normativo electoral. Anticipación de elecciones por un eventual y monstruoso “niño”, a una fecha que, paradójicamente, es cuándo realmente llegará el “súper niño”. Pero claro, como se dijo, no hay problema porque “votamos, pero no elegimos a nadie”, disfrazando el abuso con cantinfladas para seguir el mismo patrón de siempre.

La Constitución y los estándares internacionales

La Constitución no protege una participación política simbólica, sino el derecho a elegir y ser elegido en condiciones reales. Los estándares internacionales también son claros, los derechos políticos deben poder ejercerse de manera efectiva, no bajo cronogramas que convierten su defensa en una caricatura. 

Cuando se excluye una organización política de la contienda se le resta una opción al ciudadano. Comprimir plazos y lanzar decisiones en un punto sensible del proceso no es neutral. Eso inclina la cancha. Y cuando el árbitro inclina la cancha no una sino varias veces, quiere asegurar el resultado siendo funcional al eventual ganador. Organizar elecciones no equivale a convertir las normas en plastilina, peor aún si el resultado práctico es restringir derechos.

Si adelantaron la fecha de elecciones y excluyeron participantes, seguramente mañana redefinirán qué plazo vale, qué voto es nulo y qué impugnación “no alcanza”. Cuando esto suceda, el CNE publicará el consabido comunicado diciendo lo que a cualquier aventurero del derecho se le ocurra, como ahora. Así, respetando el molde mencionado al inicio, se seguirá usando la legalidad como coartada de cualquier chanchullo.