La población guayaquileña tiene derecho a un servicio de transportación urbana de calidad de acuerdo a sus necesidades: puntualidad, comodidad, higiene, seguridad. Es ineludible que para conseguir aquello se debe tener en cuenta el precio de este servicio. La economía de nuestra población es precaria, informal; no por eso no tenemos la obligación de ver su costo. La calidad del servicio privado de los buses no podría estar al juego de la oferta y la demanda, sin embargo, es importante su justo precio, lo que no se mide. Un bus del 2019 está por los $100 mil dólares, con recorridos de hasta 40 km por vuelta, lo que hace que el vehículo gire unas cinco veces, generando alrededor de $ 150 diarios, de lo que el chofer gana $ 30, más gasto de combustible. Rubros fijos, sin los otros costos de amortización para reparaciones y mantenimiento. El hombre ha tomado conciencia de que el transporte público es parte fundamental del desarrollo de los pueblos, por lo que los gobernantes y en el caso de nuestra ciudad, la municipalidad tiene la obligación de prestar todo su contingente a fin de que se satisfagan estas necesidades y que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos. El desarrollo de toda actividad comercial tiene como finalidad la utilidad económica, por supuesto sin descuidar el servicio que se presta. La administración es importante. El propietario del bus no administra ni conduce su negocio, algo que ni el propietario de una tienda de barrio hace. Un negocio de cien mil dólares debe ser atendido por su propietario, quien sí lo cuidará para que mantenga un buen servicio.

Franklin Lituma Manzo