El sistema totalitario de la Constitución de Montecristi permitió, durante la década correísta, la consolidación del más grande e histórico atraco a la nación, el cual nos dejó en la postración económica del siglo. La única salida soberana y digna que tenemos es la recuperación de lo robado, pero lamentablemente no tenemos, por ahora, mecanismos idóneos y modernos para hacerlo. Pasará mientras sigamos con el estereotipo caduco y necio de privilegiar la acción penal, para luego recuperar lo perdido, cuando la tendencia moderna es primero recuperar lo robado y después la acción penal, cosa que es perfectamente viable, mediante la Ley de Extinción de Dominio, que aterroriza a la clase política vigente.

Esta ley, según el proyecto de Naciones Unidas, faculta al Estado a declarar, en su beneficio, la extinción de dominio de cuatro tipo de bienes: a) De aquellos cuyo origen lícito no pueda ser demostrado; b) De aquellos cuya tenencia y propiedad no pueda ser justificada; c) De los bienes que fueron ocultados u omitidos en las declaraciones patrimoniales; y, d) De los bienes que hubieren sido utilizados para la consumación de delitos.

El procedimiento para la aplicación de esta ley es esencialmente administrativo y judicialmente ejecutivo, es decir, un procedimiento totalmente independiente de la jurisdicción penal, misma que podría incorporarse una vez que se ejecutoríe la extinción del dominio y aparezcan indicios y presunciones del cometimiento de delitos. Los bienes y valores recuperados pasarán a un Fondo de Emergencias Nacionales.

La Ley de Extinción de Dominio tendrá un carácter preventivo y represivo de la corrupción, por lo que los nuevos y viejos corruptos, los de arriba y los de abajo, hacen lo posible para impedir su vigencia. Ahí está la salida, solamente nos falta un régimen de probada honestidad dispuesto a recuperar miles de millones de dólares, es decir, casi no nos falta nada.

Mauro Terán Cevallos