Los seguros privados de salud también necesitan una reforma
Pacientes y médicos denuncian limitaciones en seguros de salud por el uso de preexistencias y exigen reformas que garanticen cobertura real.
El debate sobre seguros médicos plantea la necesidad de mayor regulación y protección al paciente.
Hace pocos días se publicó en este espacio de opinión el artículo “Mercaderes de la medicina privada”, que expone con claridad el verdadero viacrucis que enfrentan miles de pacientes y médicos dentro del sistema de seguros privados de salud.
Sociedad
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Redacción Expreso
Coberturas limitadas y pacientes desprotegidos
Quienes ejercemos la medicina conocemos una realidad que rara vez llega a la opinión pública: pacientes que, tras años de pagar sus pólizas, descubren que una supuesta ‘preexistencia’ limita o impide el acceso a la cobertura que requiere la gravedad de su enfermedad. El resultado es que quedan desprotegidos precisamente cuando más necesitan el respaldo del seguro.
Esta situación exige que las autoridades sanitarias y los organismos de control revisen el funcionamiento de las compañías de medicina prepagada y seguros médicos, fortaleciendo la legislación para garantizar una protección efectiva de los asegurados.
Médicos cuestionan auditorías y piden reformas legales
El problema también afecta a los médicos, cuyos honorarios son reducidos o rechazados por auditorías administrativas que, alejadas de la realidad clínica, deciden qué procedimientos serán cubiertos. Así se desconoce el criterio del médico tratante y la responsabilidad que implica preservar la vida y la salud de los pacientes.
La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional debe impulsar reformas que impidan que conceptos ambiguos sean utilizados para restringir derechos y trasladar al paciente las consecuencias de interpretaciones arbitrarias.
El concepto de preexistencia se ha convertido con frecuencia en un mecanismo para negar coberturas mediante criterios subjetivos, debilitando la confianza ciudadana. Resulta razonable reconocer como preexistencias únicamente las enfermedades congénitas documentadas o las discapacidades permanentes certificadas. Todo lo demás debe evaluarse con criterios científicos, técnicos y transparentes, privilegiando el derecho del paciente a recibir atención oportuna.
La salud no puede quedar subordinada a balances financieros ni a interpretaciones contractuales. Quien contrata un seguro médico espera contar con respaldo en los momentos más difíciles. Esa confianza debe ser protegida por el Estado, porque el acceso a la salud es un derecho y no un privilegio sujeto a la conveniencia económica de las aseguradoras.
Antonio Martínez González
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