Con relación a la nota publicada en edición impresa y digital de Expreso el 3 de enero de 2020: “Este Gobierno pide a Google que borre más contenido que Correa”, es importante aclarar: en la actualidad, la difusión de información falsa en la web, que pretende generar alarma en la ciudadanía, se ha incrementado considerablemente. Durante las protestas en Ecuador el pasado octubre, circularon alrededor de 20 mil noticias falsas provenientes de Venezuela, México, España, Nicaragua, Bolivia, Argentina, entre otros. La difusión de este tipo de contenidos se ha vuelto cotidiana a la hora de intentar afectar la imagen de distintos gobiernos o de posicionar temas que, aunque falsos, pueden generar alarma en la ciudadanía. Las autoridades de diferentes países se han visto en la necesidad de adoptar medidas para confrontar y reducir la propagación de mensajes que tergiversan la realidad con el objetivo de generar pánico y afectar la seguridad y estabilidad social. Como señala la nota, entre las razones por las cuales se solicita la eliminación de contenidos consta la preservación de la seguridad nacional. El Gobierno también ha ejecutado acciones con este propósito y lo ha hecho preservando el respeto a la libertad de expresión de todos los medios de comunicación y de distintos actores. En Ecuador no hay restricción ni censura de ningún tipo en cuanto a las opiniones y noticias que se difunden. Cualquier usuario puede buscar información y encontrar -circulando de forma libre- temas con posturas críticas a la gestión gubernamental o de sus autoridades. El Gobierno Nacional no censura. Sin embargo, tiene derecho a denunciar el uso ilegal de imágenes o información generadas. Es fundamental que se respeten las normativas nacionales e internacionales de derechos de autor para propiciar un manejo responsable y ético de contenidos. Google cuenta con protocolos específicos que apuntan a que el incidente se solucione sin atentar contra el portal que publica algún contenido que incumpla normativas. Si el reclamo procede y el contenido no es retirado, se establecen medidas como la penalización en sus resultados de búsqueda. Estas acciones responde a un proceso; ningún Gobierno tiene potestad de ordenar directamente la eliminación de contenidos. En otros países para contrarrestar la desinformación en el ciberespacio, constan acuerdos entre instituciones, establecimiento de plataformas o apertura de cuentas de redes para revisar todo aquello que se difunde. El objetivo: que la ciudadanía sepa el tipo de información que consume, el impacto que puede tener y procure verificarla antes de compartirla.

Jorge Loayza. Subsecretario de Relaciones Públicas y Eventos