En EE. UU. las condenas a asaltantes agravados con violación y muerte de sus víctimas son muy severas y hasta absurdas e impracticables. Por ej.: imponer cadena perpetua más 30 años, y otras de dos cadenas perpetuas. El espíritu o intencionalidad de este procedimiento es que asaltantes violadores y asesinos, muchas veces asesinos en serie, y asesinos de niños con violación de sus víctimas no puedan volver a las calles a perpetrar nuevos crímenes. Allá el sistema de justicia extrema la protección e integridad de los ciudadanos frente a delincuentes de crímenes execrables. En nuestro país tenemos la percepción de que el sistema judicial ampara al delincuente, ya que a pocos días de apresados salen en libertad aduciendo, jueces y fiscales, falta de pruebas y de la denuncia de las víctimas, pese a pruebas contundentes de videos y en muchos casos de testigos presenciales, indicios que son recogidos fielmente por reportes policiales, por cuyos esforzados y exitosos procedimientos investigativos dan con los delincuentes para ser llevados a prisión, pero en la mayoría de casos se ven frustrados. Por el contemplativo, anticuado, lento y enredado sistema judicial, que también se presta a corrupción, abogados defensores del delincuente medran de la situación. Hace falta una reforma urgente a la ley de seguridad y al Código Penal. La propuesta es, para sustanciar el procedimiento judicial de delincuentes, que generalmente no denuncian las víctimas por temor a represalias de los victimarios, que el instrumento suficiente y necesario sea solo el parte policial debidamente sustentado con videos y testimonios de vecinos del lugar o escena del delito; que las condenas sean aumentadas para delitos execrables con muerte de las víctimas hasta 80 años de cárcel y acumulativas por reincidencia de delitos semejantes hasta el mismo tope de encarcelamiento; que los procedimientos judiciales de Fiscalía y de jueces sean ágiles, certeros y fluidos, que no se admita demoras o entorpecimiento por fútiles y vanos pretextos, exigiéndose que acusadores y defensores tengan su reemplazante siempre a mano. Para mejorar el patrullaje por todas las calles, que se incrementen las motos. En los patios de retención vehicular existen cientos, cuyos dueños no acuden a liberarlas; estas sufren deterioros insalvables y al final se echan a perder. Por decreto ejecutivo u ordenanza debiera darse plazo máximo de 12 meses para que el propietario rescate su moto. Caso contrario será incautada para la Policía Nacional.