Cuando padecemos hambre, enfermedad, inseguridad o faltan instituciones para educarnos bien; carecemos de empleo o tenemos salarios de miseria; o nuestras preocupaciones no son escuchadas por las autoridades, no todo está perdido. Tenemos derecho a salir a las calles cuando se roban los recursos del Estado que deben servir para bienestar de la población o cuando algunos se atreven a romper las instituciones democráticas. Al salir a las calles, pacíficamente, logramos atraer la atención de quienes, en una vida cómoda y alejada de la realidad de la mayoría se limitan a preocuparse por sus intereses personales y de los grupos a que pertenecen, olvidando que las limitadas conquistas sociales que disfrutamos hoy son fruto de innumerables manifestaciones a lo largo de la historia. Ninguna mejora social, ni la frágil democracia que tenemos se ha conseguido quedándose cómodamente sentados. Si renunciamos a nuestro derecho y obligación de manifestarnos ante la injusticia e impunidad, estamos renunciando a la reconstrucción moral de la nación. Que quienes desean protestar lo hagan sin afectar la vida, integridad, movilidad y productividad de la sociedad. Que el Gobierno no subestime ni trate de minimizar la gravedad de la situación de la democracia, ni aplazar la toma de decisiones urgentes, rectificando sus errores con celeridad y eficiencia. El pueblo no se debe prestar para actos vandálicos. Es hora de dejar el pataleo en redes sociales y empezar a actuar.