Tan menoscabado y manoseado está el sistema judicial en estos últimos años que aún no logra despojarse de la sombra de dudas que empañan sus decisiones en su aplicación. Nunca en la historia se han dado casos de crímenes organizados, secuestros aberrantes, ventas de medicamentos con sobreprecios como en el época de la pandemia, otorgamiento de carnés de forma desmedida y alterados, diezmos en la Asamblea y con 60 % de asambleístas con problemas, presuntamente, de corrupción. Todos estos son ejemplos que recaen en la parte penal y civil, pero lo sorprendente es la toma de decisiones de algunos fiscales y jueces, que aparecen con aplicaciones de interpretaciones discrepantes sobre algunas decisiones tomadas, unas veces con argumentos y otras con cuestionamientos, sin ser adecuadamente verificadas. Después viene la figura por error inexcusable al juez y falta de ética profesional. Esto da lugar a que abogados audaces, tinterillos, formulen alegatos consistentes, pretendiendo amenazar a los magistrados. Más insólito es querer mantener la inocencia de quienes tienen que dar la cara al país por sus actos bochornosos. Otra de las razones que dan es alegar perseguimiento político, que el corrupto es “inocente” y “no hay garantías”. Además utilizan medidas preventivas por 30-90 días, luego el control de grilletes electrónicos, el ‘habeas corpus’, el arresto domiciliario, las pruebas de descargo. Tras esta fase viene el desgastado eslogan “se suspende” la audiencia porque el juez, el abogado o el reo están enfermos o también porque hay una supuesta bomba en el edificio. Con estos artilugios la aplicación de la ley es a medias, no es justa, alterando la percepción sobre el rol de la justicia. ¿Hasta cuándo tanta incoherencia de no llegar a condenar a tantos corruptos que han perjudicado a la sociedad y al Estado? Esperamos que la independencia de jueces y fiscales sea una tónica constante.