La inseguridad sigue siendo uno de los desafíos más complejos que enfrenta el Gobierno

En el sistema político ecuatoriano existe una vieja costumbre: creer que los problemas disminuyen cuando se habla menos de ellos. Como si las realidades dependieran de los discursos y no de los hechos. Sin embargo, la vida cotidiana de los ecuatorianos sigue desmintiendo esa teoría. Mientras el Gobierno parece concentrado en administrar el relato, los ciudadanos continúan administrando el miedo: a la delincuencia, al sicariato, al secuestro, a las vacunas, a la violencia creciente en varios territorios y a la expansión de organizaciones criminales que dejaron hace tiempo de ser un fenómeno marginal. Lo más preocupante no es solo la ausencia de resultados visibles, sino la sensación de que existe resistencia a reconocer la magnitud del problema.

El narcotráfico ya no es solo un problema policial

El narcotráfico ya no es solo un asunto policial. Es un fenómeno social, económico y territorial que condiciona la vida de miles de familias. Recluta jóvenes y niños, controla territorios, financia delitos y genera una violencia que alcanza incluso a víctimas ajenas a los enfrentamientos entre bandas criminales. Negar o minimizar esta realidad no la hace desaparecer; al contrario, la fortalece. Cada vez que una autoridad intenta explicar que los crímenes han disminuido, justificar la situación con estadísticas o responder con argumentos políticos a una preocupación ciudadana, aumenta la distancia entre el Gobierno y la gente. La ciudadanía no espera milagros. Sabe que el narcotráfico y el crimen organizado no se derrotan en poco tiempo y que la inseguridad es uno de los desafíos más complejos del país. Lo que espera es liderazgo, honestidad intelectual y una estrategia convincente para enfrentar este perverso mal.

Reconocer el problema para enfrentarlo

Ecuador atraviesa una etapa en la que la seguridad pública exige decisiones firmes y una visión de largo plazo, pero también algo más simple: reconocer la magnitud del problema. La inseguridad no desaparece porque se diga que los delitos o las muertes disminuyeron respecto al año anterior. El primer deber de un gobernante no es proteger su imagen o popularidad, es proteger a los ciudadanos.

Mario Vargas Ochoa