La crisis sanitaria pasará factura al Gobierno

El Gobierno no debe seguir permitiendo que la salud y economía familiar empresarial y nacional colapsen totalmente.

Con certeza se puede afirmar que el Ecuador afronta hoy en día la peor crisis económica y humana de su historia. Jamás imaginamos observar, como en una película de ciencia ficción, que una pandemia llegara a pasar en el mundo, en este siglo, a pesar del avance de la ciencia.

No obstante, el ser humano reconoce su vulnerabilidad y su mortalidad. La pesadilla de la COVID-19 no tiene visos de terminar a corto plazo.

El resultado de esta mortandad es coherente a la realidad de nuestro país, con la presunta negligencia en el manejo de la pandemia, y de ello, de los cadáveres de los hospitales públicos, especialmente en Guayaquil, el resultado se dio por no haber seguido un protocolo.

El hecho es que hay cuerpos desaparecidos, lo que indica que si habría negligencia y omisión de responsabilidades. Los ejemplos son claros, en abril, el Registro Civil inscribió 9.101 defunciones en Guayas, siendo el epicentro de la pandemia, de donde se recogieron más de 1.500 cadáveres en las casas y calles.

De esta cantidad de muertos se produce el fenómeno de confusión dolorosa, de casos de “fallecidos resucitados”, otros sin reconocer, congelados, enfundados, hasta con equivocación al entregar las cenizas de incinerados, sin saber en qué cementerio fueron enterrados. Personas conocidas, amigos, han sido víctimas de esta hecatombe.

Por otra parte, el Gobierno aceptó el desorden de las identificaciones y disposición de los cadáveres, que se debían transparentar cifras, aunque sean dolorosas.

El maltrato a los muertos le pasa factura al Gobierno. El ministro de Salud enfrenta una acción constitucional por el caso de los cuerpos perdidos y putrefactos, en los distintos contenedores. También se investiga los cobros por dar información y entrega de cadáveres.

Ni el más pobre o rico, niño o adulto mayor, están exentos de ser potenciales víctimas del coronavirus. Esperamos que los ecuatorianos respeten las disposiciones sociales del COE. El Gobierno no debe seguir permitiendo que la salud y economía familiar empresarial y nacional colapsen totalmente.

Lcdo. Robespierre Rivas Ronquillo