Ante el enigma de la nueva variante de COVID-19, el Estado ecuatoriano debería tomar medidas drásticas con el propósito de evitar el incremento de hospitalizados y por ende un posible confinamiento, afectando la economía del país.

La primera medida es la obligatoriedad del certificado de vacunación a los profesionales de salud, incluyendo personal administrativo de centros de salud privados, fundaciones con servicio de salud, dispensarios religiosos y consultorios privados, quienes en libre ejercicio y libertad de decisión de vacunarse o no, muchos aún no tienen ni una dosis.

No es permisible que un ciudadano se acerque a determinado establecimiento y sea atendido por un profesional de la salud no vacunado. Muchos tomando precauciones se han infectado y sin embargo no aceptan vacunarse, con la consecuente transmisión al paciente, que buscando alivio o mejoría se puede infectar. El virus es impredecible.

Para resolver esta inobservancia lo procedente es que el Ejecutivo emita un decreto o acuerdo ministerial de obligatoriedad o condición ‘sine qua non’ para el libre ejercicio por parte del personal médico y administrativo del sector salud, público y privado, y por qué no, también otra medida, que incluya a toda la ciudadanía. Debe de actuar ya, no esperar más olas que revierten la economía nacional, y agregarse a esto la penumbra de la transición de un familiar.

Alexandra Cedeño Chunga