Mi joven hija estrenó el cumplimiento de sus derechos civiles siendo miembro suplente de una junta receptora del voto en un conocido colegio de la parroquia La Aurora. Pese a que la incertidumbre nos asaltaba por el riesgo de un contagio frente a las aglomeraciones que pudieran presentarse el domingo 7, el Estado, a través del Ministerio de Salud, comunicó que estos ciudadanos miembros de Junta tendrían acceso a pruebas rápidas de COVID-19 al momento de acudir a los recintos electorales. Hecho que nos tranquilizó. Bueno, nada de ello ocurrió.

Mi hija fue casi blindada, con mascarilla N95 y una pantalla protectora, alcohol, mascarillas quirúrgicas de emergencia, etc. Y lo que se temía, se cumplió. No hubo pruebas rápidas, ni medidas de bioseguridad como toma de temperatura y disposición de surtidores de alcohol, sobre todo para los votantes, como sí hicieron otras instituciones. Solo se entregó un frasco de alcohol en gel para cada junta y una funda de mascarillas quirúrgicas. Y para el presidente y el secretario, un protector facial. El problema no eran ellos, sino los votantes, que hacían largas colas e ingresaban en peligrosas aglomeraciones. Y como si esto no fuera suficiente, a ningún miembro de estas juntas receptoras se les entregó siquiera una botella de agua, mucho menos un refrigerio, como se acostumbra en cualquier otra parte del mundo. Más de catorce horas, desde las 06:30, hasta la finalización del conteo de votos, sin probar un bocado. Aquí viene lo peor. Un médico infectólogo me recomienda que mi hija haga un autoaislamiento de diez días en casa y que se practique un hisopado nasal en el día 7. Como si todo esto, incluida la incertidumbre por un potencial contagio, nos costara los $ 10 que el gobierno dará como ‘bono’ a los miembros de la Junta. Todo lo hicimos por civilidad y por responsabilidad, no por esos dólares; sin embargo, el gobierno nos retribuye con esa mala señal de indefensión.

Carlos B. Orellana