Poder
Justicia selectiva: rapidez para la oposición y freno para los aliados
Casos que salpican al oficialismo o aliados permanecen paralizados por años debido a excusas. La Judicatura ejerce supervisión en los que interesan al gobierno
El asambleísta aliado de ADN, Sergio Peña, procesado en el caso Danubio, que tiene más de cuatro años de diferimientos en los tribunales.
Lo que debes saber
- La Función Judicial actúa con rapidez, supervisión y sanciones disciplinarias cuando se tratan de figuras incómodas o de la oposición.
- Expedientes por corrupción que salpican al gobierno o a sus aliados acumulan años de diferimientos.
La justicia en Ecuador se aplica según el peso político de cada implicado. Las causas dirigidas contra figuras de la oposición avanzan con celeridad punitiva y supervisión directa desde el Consejo de la Judicatura, mientras que otros expedientes de connotación acumulan años de diferimientos e impunidad.
Caso Vocales: 3 años y cuatro meses
Hoy 11 de agosto de 2026 se cumplen tres años, cuatro meses y cuatro días desde la formulación de cargos en el caso Vocales, expediente que investiga un presunto tráfico de influencias atribuido a los exintegrantes del Consejo de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo, junto al exjuez Vladimir Jhayya.
El proceso suma casi tres años sin instalar la audiencia de juicio, debido a inasistencias por emergencias médicas de la defensa de Barreno, quien en su etapa preparatoria tuvo como abogada a Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, destituido expresidente de la Judicatura. La dilación también responde a continuos cambios de jueces, entre estos Olavo Hernández, Julio César Inga, Hernán Barros y Mercedes Caicedo, actual presidenta del Consejo de la Judicatura.
Caso Danubio: apunto de prescribir
El patrón de estancamiento se repite en el caso Danubio, que registra cuatro años y 20 días desde la formulación de cargos y acumula una decena de convocatorias fallidas. El proceso salpica al asambleísta Sergio Peña, aliado de la bancada oficialista de ADN, y a su asistente Marcos Leiva, acusados de integrar una red de venta de cargos en el Servicio Nacional de Aduana (Senae) en 2022.
Las suspensiones responden a cambios repentinos de defensores o a la exigencia de contar con una perita en lenguas ancestrales para el procesado Juan Aucancela, a pesar de que en las transcripciones de los chats con Peña que constan en el expediente se evidencia su dominio del español.
En junio de 2027 la causa prescribirá. Para evitar la impunidad, la Función Judicial dispone de apenas 11 meses para emitir sentencia de primera instancia, resolver recursos de aclaración, ampliación, apelación y una posible casación, lo cual resulta inviable al ritmo con el que avanza el trámite.
Sentencia de Abdalá Bucaram se dilata
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Roberto Aguilar
El letargo procesal beneficia a causas de impacto histórico. El juicio al expresidente Abdalá Bucaram por la presunta compra irregular de pruebas diagnósticas de covid-19 tiene seis años de tramitación sin fallo definitivo.
El pasado viernes 7 de agosto estaba prevista la lectura de la sentencia. Sin embargo, la traductora Carolina Cruz Pérez no acudió a la diligencia ni respondió a las diez llamadas de la defensa del israelí Sheinman Oren. Además, el abogado Diego Córdova Raza argumentó una emergencia médica.
Siete años sin instalar la audiencia de la viceministra
El proceso por peculado contra Julia Angulo, exviceministra de Pueblos y actual precandidata a la Prefectura de Esmeraldas por el movimiento ADN, expone otra muestra de la doble vara judicial. A pesar de tratarse de un delito imprescriptible, la causa suma siete años estancada en un juzgado de Esmeraldas, sin que se logre instalar la audiencia preparatoria de juicio.
En contraste, la celeridad se aplica cuando se trata de figuras como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuya condena en el caso Grillete llegó en seis meses; o la activista política Gabriela Panchana, sentenciada a 30 días de prisión por un mensaje en X, apenas 20 días después de iniciarse el proceso contravencional.
La doble velocidad en el tratamiento de los casos no solo ocurre en las judicaturas, sino que también se aplica en el despacho del fiscal general encargado, Carlos Alarcón, designado en la gestión de Mario Godoy. No se conoce ningún avance en la investigación sobre las presiones ejercidas contra el juez Carlos Serrano por altos funcionarios de la Judicatura. Ni se ha informado de allanamientos, actos urgentes o preservación de teléfonos.
La doble velocidad de los casos
Congelada también está la denuncia por presunto tráfico de influencias contra Harold Burbano, exministro de Trabajo y actual candidato a la Alcaldía de Quito por ADN. Burbano fue denunciado por el levantamiento, en menos de 24 horas, del impedimento laboral que pesaba sobre el comunicador Álvaro Rosero.
En contraste, contra Alexandra Villacís, exvocal suplente de la Judicatura, Burbano mantuvo el impedimento laboral pese a la sentencia que le ordenaba rectificar la información. Gracias a esta maniobra, Mercedes Caicedo asumió la presidencia de la Judicatura. Cargo desde el que avaló la suspensión de los jueces Silvana Velasco, Wiler Chóez y Byron Uzcátegui, quienes revocaron la orden de prisión preventiva dictada contra los hermanos del alcalde Aquiles Álvarez.
Defensa. La presidenta de la Judicatura ha indicado que la institución actúa con “independencia, sin presiones y con compromiso a la Constitución y la ley”.
Otros casos donde se aplica una doble vara
- Tiempo Récord. Cuarenta y cinco días después de que se presentó una denuncia contra el presidente Daniel Noboa, el fiscal Carlos Alarcón pidió su archivo. Fue su primer acto que realizó cuando la Judicatura lo colocó como fiscal general encargado, en 2025.
- Denunciado. El juez Christian Fierro fue suspendido 48 horas después del pedido del fiscal Alarcón. Se quejó de que este demoró 50 días en agendar el juicio de Aquiles Álvarez. Alarcón se dio cuenta de la “demora” solo cuando el juez sentenció a Jezdimir Srdan, cuando habían pasado 80 días desde que señaló fecha para la audiencia.
- Protegido. El juez Jairo García ha logrado mantenerse en su cargo pese a haber sido allanado por el caso Fachada. Tiene una declaratoria de negligencia manifiesta de 2025 por otro caso contra alias Topo, lugarteniente de alias Fito.
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