Justicia
Caso Isspol: Juez llama a juicio a exdirectivos de Decevale y a Jorge Chérrez por fraude millonario
Nueve sospechosos de la trama del Isspol fueron llamados a juicio por presunta falsedad de información; el caso involucra 693 millones de dólares
Edificio Isspol.
Lo que debes saber
- Teoría: El juez determinó que los exdirectivos y técnicos de Decevale presuntamente abusaron de sus cargos para emitir certificaciones de custodia falsas y manipular sistemas informáticos, creando una apariencia de seguridad sobre 693 millones de dólares que, en realidad, eran desviados hacia empresas panameñas.
- Defensa: Las defensas alegan falta de competencias operativas e inexistencia de perjuicio económico, el magistrado ratificó medidas cautelares y el pedido de difusión roja para los prófugos; los procesados podrían enfrentar hasta cinco años de prisión.
El juez Hermes Jiménez Pintado llamó a juicio a nueve personas procesadas por la trama de falsedad de información que afectó los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
La resolución judicial apunta directamente contra la antiguacúpula del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) y el operador financiero Jorge Chérrez Miño, conocido como El Mago, por su presunta participación en la simulación de custodias y desvío de recursos que superan los 693 millones de dólares.
Los llamados a juicio
El juez Jiménez ratificó las acusaciones de la Fiscalía, que individualizó la responsabilidad de los siguientes actores clave:
- Jorge Chérrez Miño: Acusado como autor directo de proporcionar información fraudulenta en negociaciones de oferta pública. Sobre él pesa una orden de prisión preventiva y el pedido de difusión roja de Interpol, al encontrarse prófugo de la justicia.
Su defensa: Aseguró que las operaciones existieron, fueron conocidas por el Isspol y, lejos de causar perjuicio, generaron rendimientos por más de $ 83 millones (intereses y beneficios por swap). Argumentó que el problema es una controversia mercantil, no un caso de falsedad de información.
- Rodolfo Gabriel Kronfle Akel: El expresidente del Directorio de Decevale enfrentará el juicio como presunto autor por omisión, al supuestamente no haber supervisado ni reportado las operaciones irregulares bajo su mando.
Su defensa: Calificó la acusación de genérica e imprecisa. Sostuvo que no se ha demostrado que las firmas en los formularios de impuestos (ISD) pertenezcan a Kronfle y rechaza la aplicación tardía de la "teoría del dominio del hecho".
- Oriana Alexandra Rumbea Thomas: Exgerente administrativa de Decevale, señalada como coautora por su rol fundamental en la planificación de la "Operación Swap" y la autorización de transferencias al exterior.
Su defensa: Sostuvo que Rumbea era Gerente Administrativa y no tenía competencias operativas o financieras. Sus funciones eran logísticas (eventos, RR.HH., pagos internos) y no tenía relación con el Isspol o inversiones bursátiles.
- Carlos Alberto Carbo Cox: Exgerente general, acusado de permitir que la estructura operativa de la entidad fuera utilizada para el esquema de fraude.
Su defensa: citó testimonios (como el de la interventora de Decevale) que aseguran que Carbo Cox no conocía los detalles de las negociaciones de bonos y que su cargo de Gerente General era meramente formal en esos procesos
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- Zamora Olivos Maryuri Esther
- Luis Alberto Francisco Alvarez Villamar
- Navarro Macias Gonzalo Ivan
- Alexandra del Rocio Martinez Sandoval
Un esquema de simulación y desvío
El magistrado consideró que existen elementos suficientes para presumir que los acusados utilizaron sus cargos para emitir certificaciones falsas. A través de estas, hicieron creer al Isspol que sus inversiones en bonos estaban seguras en Decevale, cuando en realidad el dinero era transferido a cuentas de empresas panameñas vinculadas a Chérrez.
La investigación reveló que se utilizaron contratos con fechas alteradas y empresas de fachada que no tenían autorización legal en Panamá para realizar custodias internacionales. Además, se detectó que antiguos funcionarios técnicos de Decevale, como Gonzalo Navarro (prófugo) y Minnie Dougherty, manipularon sistemas informáticos para reflejar saldos inexistentes.
Medidas cautelares y próximos pasos
El juez Jiménez dispuso que se mantengan las medidas cautelares vigentes. Para los procesados que han comparecido, se ratificaron las presentaciones periódicas y prohibiciones de salida del país, mientras que para Kronfle se consideró el arresto domiciliario debido a su edad y estado de salud.
Con este dictamen, el caso pasa a la etapa de juzgamiento, donde un tribunal penal determinará la culpabilidad o inocencia de los procesados. De ser hallados culpables por el delito de falsedad de información (Art. 312 COIP), los implicados podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión.
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