Caso Cristina: Madre denuncia revictimización y falta de justicia por la custodia de su hija

Lo que inició como un clamor por justicia ante una violación infantil ha derivado en una encrucijada legal que Sara Briceño define como un "doble calvario". 

En el marco del proceso judicial conocido como 'Caso Cristina', Briceño denuncia hoy un escenario de desprotección sistémica: mientras la causa penal contra el presunto agresor aguarda por los tiempos de la justicia argentina para su extradición, el sistema judicial ecuatoriano ha procedido a retirarle a ella la custodia de su hija, para entregarla al entorno familiar donde habrían ocurrido los abusos.

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Justicia en pausa: La extradición de Andrés Sánchez

El proceso penal se encuentra actualmente suspendido a la espera de la extradición de Andrés Sánchez, hermanastro de la menor. Sánchez, de 24 años, fue detenido en Argentina hace un año tras una notificación roja de Interpol, pero su rechazo a la repatriación voluntaria ha frenado el avance del juicio en Ecuador.

“El proceso no puede continuar mientras él no sea traído al Ecuador”, explicó el abogado de la víctima, Diego Raúl Orozco Sánchez, quien insta a la diplomacia ecuatoriana a agilizar los trámites para evitar la impunidad.

Los hechos denunciados se remontan a 2021, cuando la niña tenía siete años. Mientras la madre estaba detenida por un proceso ajeno a este caso, la menor, bajo el cuidado de su padre y parientes paternos, sufrió un cambio radical. Su madre relata: “Ya no era la misma niña alegre y sonriente; encontré a una niña diferente, apagada y miedosa”.

Pruebas contundentes y el "monstruo negro"

La denuncia se sustenta en pruebas periciales y testimonios directos. Según Briceño, la niña reflejaba su trauma a través del arte: “Ella saciaba el dolor por medio de dibujos”. En sus ilustraciones aparecía “un monstruo negro con cuernos que pedía auxilio, cuchillos y cintas”. Al ser descubierta, la pequeña advertía con pánico: “No veas esos dibujos, te van a matar”.

Posteriormente, en un testimonio anticipado de más de una hora en cámara de Gesell, la menor identificó a Sánchez y describió cómo usaba cintas para amordazarla y un cuchillo de cocina para amenazarla. 

Además, los informes médicos forenses confirmaron desfloramiento antiguo y actos contra natura, llevando al especialista médico a sentenciar: “Es un crimen... la violación es como un asesinato en vida”.

Denuncia de revictimización y pérdida de custodia

A pesar de las evidencias presentadas en la Fiscalía, Sara Briceño enfrenta hoy una contradicción del sistema: mientras la justicia penal busca al presunto agresor, la justicia de Niñez y Adolescencia ha decidido separarla de su hija. Basándose en peritajes que la defensa califica de irregulares, las autoridades de El Oro le retiraron la custodia de la niña para entregarla a sus abuelos paternos.

Briceño describe el momento del traslado como un acto de violencia institucional: “Me quitaron a mi hija de una forma cruel e inhumana... la niña gritaba, se aferraba a un poste —hay videos de eso— y decía que no quería que la alejaran de su madre”.

El abogado Orozco sostiene que se ha vulnerado el derecho de la menor a ser escuchada, ignorando informes de centros de acogida donde la niña manifiesta su deseo de vivir con su madre. La defensa interpuso un recurso de habeas corpus que fue negado, lo que consideran una grave omisión de los jueces ante la voluntad de la víctima.

El respaldo legal y el clamor final

Ante la falta de recursos económicos para costear una defensa privada, Briceño destacó el apoyo de los juristas Diego Orozco y Gustavo García Guerrero. La madre enfatizó que, pese a las adversidades y la complejidad de los procesos de custodia, su única motivación es alcanzar la justicia.

Mientras el juicio penal continúa suspendido y la convivencia entre ambas permanece interrumpida, Sara Briceño cumple tres meses sin ver a la menor. Este 15 de mayo de 2026, la niña cumplirá 12 años, una fecha que la madre esperaba con ilusión: “Habíamos hecho una promesa de que cuando cumpliera esa edad le iba a hacer una sesión de fotos y vestirla como princesa. No se va a cumplir”.

Briceño exige una intervención inmediata: “Lo único que he hecho es pedir justicia para mi hija. Le pido al Estado ecuatoriano y a la Judicatura que investiguen a los funcionarios involucrados con la custodia. Demuéstrenme que aquí nadie tiene privilegios y que con los niños no se juega”.

Por su parte, el abogado Orozco instó a la diplomacia ecuatoriana a impulsar el trámite en Argentina para que el procesado comparezca ante la justicia y se determine su responsabilidad.