Tasa minera en Ecuador: Gobierno plantea reducir en 80 % su recaudación, ¿qué cambiará?

A un año de la aplicación de la “cuestionada” tasa de fiscalización minera en Ecuador, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) prepara una reforma que reduciría drásticamente la recaudación proyectada por este concepto.

La entidad tiene previsto con esta iniciativa, que está en etapa de difusión, recaudar $44 millones. La cifra representa apenas el 20 % del monto inicial aspirado, que ascendía $221,75 millones.

Esta propuesta de ajuste coincide con cuestionamientos, que incluso terminaron con la presentación de ocho demandas de inconstitucionalidad; y con una baja recaudación.

Los pagos de julio de 2025 y enero de 2026 -que corresponden al año anterior- representaron una recaudación de alrededor de $40 millones, según informó el 20 de mayo de 2026 la Cámara de Minería de Ecuador (CME) a Diario EXPRESO.

Esta realidad es reconocida por la Arcom. La entidad admite que el sistema actual apenas alcanza una efectividad de cobro cercana al 35 %, según el lnforme técnico económico para la justificación de necesidad de actualización de la Tasa de Supervisión y Control Minero, disponible en su portal web.

La imposición vigente Arcom-003/25, creada el 2 de junio de 2025, establece cobros variables entre el 3 % y el 100 % de una remuneración básica por cada hectárea concesionada, dependiendo del tipo de minería y de la fase del proyecto (exploración, evaluación económica y explotación). Pero no aplica para la minería artesanal.

La nueva propuesta de tasa minera

Este esquema podría cambiar. La Arcom propone una revisión “técnica” del esquema vigente debido a problemas de proporcionalidad, baja efectividad recaudatoria y una desconexión entre el valor cobrado y los servicios de supervisión que presta el Estado.

Ante ello plantea varios ajustes, uno de los principales cambios, solicitado de manera reiterada por este sector, es excluir del pago de la tasa a las concesiones mineras que se encuentran en exploración inicial, exploración avanzada y evaluación económica. La entidad reconoce que estas fases todavía no generan aprovechamiento comercial de los recursos minerales y, por tanto, el cobro puede convertirse en una barrera para atraer inversiones.

Diario EXPRESO conoció que al menos cinco firmas, que se dedicaban a la exploración de minerales en Ecuador, habrían iniciado los trámites para vender sus concesiones y dejar el país ante la obligatoriedad que existe para el pago de la tasa de fiscalización minera.

Una de ellas, por ejemplo, requería alrededor de $5 millones para el pago de la tasa minera, un monto superior al presupuesto anual para sus operaciones, que bordea los $4 millones.

Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Cuenca, enfatiza que el cobro de esta tasa ha sido uno de los principales problemas para los proyectos en fase de exploración. La razón es que esta es una actividad que no genera ingresos y cuyo resultado es incierto.

Además, señala que esta imposición resta competitividad a Ecuador frente a sus vecinos y desincentiva la llegada de nuevas inversiones.

La tasa ya no aplicaría para los proyectos de exploración

La Arcom reconoce ahora que mantener el cobro en etapas exploratorias eleva los costos de entrada para los inversionistas, afecta la continuidad de proyectos formales y reduce el interés por desarrollar nuevas iniciativas mineras en Ecuador.

Por ello, propone concentrar la tasa en actividades que demandan una supervisión más intensa y que ya se encuentran en fases ya productivas.

Vargas resalta la decisión del Gobierno de revisar la tasa minera, al considerar que el esquema original presentaba falencias que incluso motivaron demandas judiciales y afectaron la permanencia de algunas empresas en el país. A su criterio, la apertura mostrada por las nuevas autoridades representa una señal positiva para la inversión.

Para Santiago Yépez, expresidente de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), si bien el sector valora esta iniciativa, se debe considerar también que existen concesiones suspendidas por fuerza mayor -que no operan- y que por ese motivo se debería evaluar también su exclusión de la tarifa.

El cálculo para fijar la tasa 

La propuesta de reforma de la Arcom modifica la metodología de cálculo. Actualmente, el esquema se basa principalmente en la superficie concesionada. La nueva iniciativa plantea calcular la tasa a partir de los costos reales de supervisión y control que enfrenta esta institución pública.

De esta manera, el cobro se concentrará en concesiones en explotación, licencias de comercialización. Pero además incorpora a las plantas de beneficio, donde el material extraído es procesado para obtener concentrados o minerales.

Además, para fijar el monto, se incorporan variables como la frecuencia de inspección, complejidad operativa, tipo de mineral, régimen minero, superficie concesionada y capacidad instalada. El fin es que quienes demanden mayores recursos de fiscalización aporten más al financiamiento del sistema de control.

Vargas añade que el sector está dispuesto a contribuir con el fortalecimiento institucional y la lucha contra la minería ilegal, pero considera que los cobros deben ser proporcionales y acordes a la realidad de cada actividad. También plantea que el diálogo entre Gobierno e industria se extienda a otros temas pendientes, como la seguridad jurídica, los permisos y la tramitología.

El SRI recaudaría la tasa minera

La propuesta modifica también la forma de pago, que era semestral. Según el proyecto de resolución, el cobro ahora será anual para los titulares de gran minería, mediana minería, pequeña minería, régimen general, licencias de comercialización y plantas de beneficio.

Además, se establece que el Servicio de Rentas Internas (SRI) será responsable de la recaudación de esta tasa. Antes estaba a cargo de la misma Arcom.

Para Henry Troya, exviceministro de Minería, al otorgar al SRI esta responsabilidad se evidencia que se trata de un impuesto y no una tasa. “La Arcom no tiene capacidad para crear imposiciones y transferir la capacidad de cobro al SRI”, enfatiza y argumenta que la creación de tributos se debe tramitar en la Asamblea Nacional.

Pese a estos detalles, la Agencia propone que la liquidación de la tasa se realizará con corte al 31 de diciembre de cada año y deberá cancelarse hasta el 31 de enero del ejercicio fiscal siguiente.

Para este 2026 se aplicará un régimen transitorio. La tasa se calculará de manera proporcional desde la entrada en vigencia de la resolución hasta el 31 de diciembre de este año. En el caso de incumplimientos, se aplicará procesos de coactiva, refiere el proyecto de resolución de la Arcom.

Sobre este último punto, Yépez refiere que se debe aclarar si el pago de la tasa minera -con el modelo anterior- se deberá cancelar o no. Esta preocupación surge porque en julio de 2026 la mediana y gran minería -en todas sus fases-deberían cumplir con esta obligación. “Al tener la tasa anterior vigente, la nueva resolución se debería emitir antes del 30 de junio de 2026”.

Troya: “Los errores se mantienen”

Y aunque el nuevo proyecto de resolución recoge ciertas observaciones del sector, que constan en las acciones de inconstitucional, Troya subraya que la iniciativa reciente incurre en los mismos “errores”.

En su criterio, la Arcom a través de esta figura busca que las empresas de este sector cancelen por la prestación de un servicio de seguridad, cuando la Constitución establece que el Estado es el responsable de brindar, entre otros servicios públicos, seguridad para todos los habitantes del territorio nacional.

“El Estado tiene la obligación de garantizarnos la seguridad a todos y no cobrarnos por ella”, recuerda el exviceministro de Minería.

El Estado tiene la obligación de garantizarnos la seguridad a todos y no cobrarnos por ella”.Henry Troya, exviceministro de Minería.

Si bien aún existen dudas sobre el alcance definitivo de la reforma, el sector tiene previsto enviar sus observaciones a la Arcom. Y luego la entidad podrá emitir la nueva resolución, que podría dejar sin efecto la anterior. 

Sin embargo, según fuentes consultadas este paso no implicaría la terminación automática de las acciones presentadas ante la Corte Constitucional contra la normativa anterior, ni garantizaría la permanencia de las empresas que decidieron abandonar el país tras la entrada en vigencia de la tasa.