El Niño destapa la vulnerabilidad del agro ecuatoriano y acecha la seguridad alimentaria

El fenómeno de El Niño llega a Ecuador en un momento de fragilidad estructural del sector agropecuario que ya venía acumulando presiones antes de que se confirmara este evento climático. La dificultad para potenciar niveles de producción, una agricultura familiar campesina (AFC) precarizada, el propio cambio climático y, en la costa principalmente, el abandono de tierras exacerbado por violencia del crimen organizado, son algunos de los factores que, explican el riesgo actual sobre la seguridad alimentaria del país. El Niño, coinciden los expertos consultados por EXPRESO, no origina estos problemas, pero puede intensificarlos.

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“Quienes más sostienen el abastecimiento local de alimentos son los pequeños y medianos productores de la AFC”, señala Paúl Herrera, docente de la facultad de Ciencias de la Vida de la ESPOL. Mientras los sectores agroexportadores son claves para la economía, advierte que la producción destinada al consumo interno depende del primer segmento mencionado que enfrenta problemas de productividad, abandono del campo, migración de jóvenes y acceso al agua.

Esos desafíos están a punto de colisionar con la fuerza de El Niño, descrito por Ney Barrionuevo, exviceministro de Agricultura y Ganadería, como un evento natural y recurrente, con un episodio fuerte por década, aunque el cambio climático intensifica sus efectos. El pronóstico actual de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica estima más de 90% de probabilidad de que el fenómeno sea muy fuerte y 75% de que alcance una intensidad histórica.

Mientras que 2,6 millones de personas podrían estar en fase de crisis o emergencia alimentaria entre agosto y noviembre de 2026 según datos de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), citados por Herrera. Cabe aclarar que esa proyección aún no considera los posibles impactos de El Niño. Sin embargo, es la medición más reciente que apunta a Guayas, Esmeraldas y Pastaza como las provincias más críticas, lo que Herrera atribuye no solo a falta de disponibilidad de alimentos sino a un problema de acceso económico, puesto que hay personas que no pueden comprar la comida aunque esta exista.

Desde 2022 los precios de los alimentos han aumentado más que los de los productos no alimenticios y son uno de los principales motores inflacionarios del país: hasta junio de 2026, el índice de precios al consumidor (IPC) de alimentos se ubicó cerca de los 125 puntos, por encima del IPC general y del de no alimentos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos recopilados por Herrera. En julio y agosto, sin embargo, el índice se contrajo 2,03 puntos porcentuales.

El ingreso condiciona el acceso a los alimentos

Pero la capacidad de adquirir alimentos es todavía más compleja, porque también depende de los ingresos de los hogares. Y aquí aparece una paradoja: los alimentos del país se producen en zonas rurales donde la pobreza sigue siendo elevada. A cierre de 2025, la pobreza rural alcanzó el 37,6% y la pobreza extrema, el 19,7%, según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo.

Barrionuevo recuerda que tras el Niño de 1997-1998 la pobreza rural saltó de 63% en 1995 a 67% en 1998, y a 75% un año después, ya sumados los otros desafíos de la época. Según la CEPAL, ese mismo episodio dejó 774.598 toneladas de arroz y 112.400 de maíz duro perdidas —entre cosechas dañadas y superficie que no se pudo sembrar—.

Las proteínas conforman otro frente que preocupa, precisamente porque escapa a cualquier lógica de almacenamiento de granos. Según recuerda Herrera los pescadores ya reportan anomalías y escasez desde febrero y marzo de este año y la producción carnes rojas ya se ha visto mermada por la reducción del hato ganadero y la transición a otras actividades productivas.

La especulación y el arbitraje estatal

Adicional a los problemas estructurales, en el corto plazo los precios de los alimentos comienzan a incrementarse antes de que se consoliden registros de pérdidas generalizadas. En los mercados de Guayaquil, el quintal de arroz de grano largo pasó de cerca de $30 a entre $38 y $40 en ocho días según constató EXPRESO esta semana, mientras el grano corto escasea en las perchas. Para el consultor agrícola Santiago Jaramillo: “la situación responde más a una especulación que a una escasez real. La afectación de El Niño todavía no llega. No la conocemos”.

Por su parte, Juan Pablo Zúñiga, presidente de la Corporación de Industriales Arroceros, estima que lo exportado a Colombia hasta agosto serían alrededor de 45.000 toneladas. Y sostiene que ese volumen se mantiene dentro del rango habitual de 60.000 a 80.000 toneladas anuales que Ecuador envía a ese país.

La distancia entre precio y la pérdida confirmada, explica Jaramillo, tiene que ver con quién controla hoy el almacenamiento. Según su descripción, el arroz y el maíz quedan en manos de piladoras, balanceadoras y bodegas de intermediarios, mientras el pequeño agricultor suele vender barato su cosecha apenas sale del campo. 

Las grandes industrias, agrega, pueden importar para reducir su dependencia del intermediario, pero “hay mucha industria mediana y pequeña de pollos y de huevos que tienen que comprar este maíz al precio que le dé el intermediario”.

En maíz, la cosecha de verano cerró con un déficit estimado de 318.351 toneladas por la sequía, y Jaramillo calcula que la siembra de invierno será hasta 50% menor a la habitual porque por la falta de humedad en el suelo se sembró menos. Aun con ese déficit confirmado, insiste en que la pregunta relevante no es si el país importará —algo que ocurre cada año, pues la industria balanceadora consume más de 1,5 millones de toneladas anuales—, sino “la cantidad y cuando será necesario importar”.

Con ese desface entre transparentar de déficit real y la percepción de escasez, Jaramillo estima que, solo en el mercado del arroz, el movimiento de precios atribuible a la especulación “puede ser de $60 millones”. Frente a ese escenario —y sin capacidad propia de almacenamiento ni de intervención directa en el mercado—, es enfático sobre qué al Estado le corresponde contener la especulación: “Eso sí es una necesidad y es una responsabilidad proteger al consumidor”.

Las medidas para sostener el abastecimiento y mitigar la profundización de brechas

Por otro lado, el esfuerzo para sostener a la población rural que ya vive en pobreza o pobreza extrema no puede recaer solo en el Estado, que carga con una enorme crisis fiscal cada vez mayor. Ante un fenómeno de esta magnitud, advierte Barrionuevo, es imprescindible la colaboración público-privada. Por ello, la prioridad inmediata es sostener el acceso a los alimentos mientras se recupera la producción. Para ello, el exviceministro plantea activar la responsabilidad social empresarial: “el sector privado junto con el Estado tiene que contribuir con canastas alimentarias para los pobladores rurales que vayan a ser impactados y no puedan cultivar”. A esto se suma los bancos de alimentos, hoy concentrados en zonas urbano-marginales: “eso también se tiene que revertir hacia el campo”. Esto, en conjunto con mantener transitables las vías de acceso, mitigaría la inseguridad alimentaria en la ruralidad.

Herrera señala que ya existen programas de asistencia desde el Gobierno central y algunas prefecturas que “deberían comenzar ya a activarse pronto para mitigar los efectos”. En el caso de los seguros agrícolas, sin embargo, la cobertura sigue siendo limitada.

Jaramillo sostiene que, 16 años después del lanzamiento de Agroseguro, en 2010, el esquema de seguro agropecuario subvencionado mantiene el mismo modelo y una “paupérrima cobertura”. Actualmente el programa opera bajo el nombre de AgroProtege.

El Gobierno anunció un presupuesto de $17,8 millones para los cuatro años de ejecución. Según Jaramillo, esto representa unos $4,45 millones anuales, una cobertura que permitiría asegurar apenas entre el 2% y 3% de las cerca de 2 millones de hectáreas cultivadas del país y alrededor del 0,6% del hato bovino nacional, estimado en 4 millones de cabezas.

Herrera, por su parte añade que la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA) es una herramienta legal vigente, pues en ella “hay varios mecanismos dirigidos a proteger la AFC y podrían ponerse a funcionar para que este grupo sostenga su producción”.

No obstante, el problema de fondo es la falta de información técnica actualizada para anticipar déficits. Antes, explica Herrera, “se sentaban los gremios con el gobierno y definían los stocks”, pero ese esquema de negociación resulta insuficiente: “Debería ser más bien un tema muy técnico, de exactamente cuánto se está produciendo, y eso es lo que a veces no hay”. Como muestra, cita la falta de un nuevo censo agrícola —el último data del año 2000—.

En ese contexto, este Diario solicitó al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo información sobre las medidas para garantizar el abastecimiento ante El Niño, incluida la compra adicional de 12.000 toneladas de arroz, que se sumarían a las 20.000 ya adquiridas. También se consultó sobre el abastecimiento externo y se pidió el análisis de los rubros que el país debería asegurar mientras dure el fenómeno. Aún se espera respuesta al pedido.

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