La otra cara de los decomisos de leche en Ecuador es un mercado informal que persiste

El decomiso de 272.845 litros de leche realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) durante el primer semestre de 2026 evidencia un doble escenario: mientras las acciones de control buscan proteger a los consumidores, también ponen de manifiesto un problema estructural del sector, pues una parte importante de la leche que se produce en el país continúa al margen de la formalidad.

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El boletín oficial, difundido el 21 de julio, detalla que entre enero y junio se ejecutaron 360 operativos en 23 provincias, en los que se inspeccionaron 3,8 millones de litros de leche cruda y se decomisó cerca de 273 mil litros, principalmente por transportarse en tanques inadecuados e incumplir parámetros de inocuidad.

Para entender la dimensión del reto hay que mirar la producción total. Ecuador produce alrededor de 5,2 millones de litros de leche cruda al día, según cifras del Centro de la Industria Láctea (CIL), levantadas a partir de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria del 2025.

Luis López, presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche del Ecuador (Fenaprole), sitúa el problema en la base de la cadena productiva. Según el censo de 2023, el país registra 305.000 productores de leche, de los cuales entre el 80 % y el 85 % son pequeños y medianos. Desde la perspectiva del dirigente, la mayoría de ellos desconocen los estándares de producción y observan la venta diaria de leche “caja chica” con la que pueden obtener liquidez inmediata.

Esa base atomizada explica, en parte, por qué la informalidad —la leche que se produce y comercializa sin registro— sigue siendo alta, aunque ha ido cediendo terreno. Según el CIL la tasa promedio de leche no registrada entre 2020 y 2025 es de 54%.

Byron Puga, docente e investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, precisa que la cifra corresponde a un promedio nacional. En provincias con mayor producción, como Pichincha o Guayas, la informalidad podría ser menor; mientras que en zonas más alejadas de los centros de acopio, como Zamora Chinchipe, Napo o Sucumbíos, estima que "el porcentaje es muchísimo más alto".

Diferencias en producción y riesgo

El investigador también marca una distinción que considera clave para no generar alarma: la leche que llega envasada desde la industria, con registro sanitario, "es totalmente apta para el consumo humano", porque pasa por controles de calidad obligatorios. 

El riesgo real esta en el segmento que vende leche en camionetas, motos, mercados y puestos de calle, sin ningún tipo de garantía. 

Es importante también considerar que muchos pequeños ganaderos comercializan su leche a través de intermediarios que se encargan de recoger la producción y, en muchos casos, la transportan en tanques plásticos abiertos en lugar de recipientes autorizados de acero inoxidable o aluminio. Según López, el cambio implica costos de entre $50 y $700, dependiendo del tipo y tamaño del tanque, por lo que el sector pide apoyo estatal para facilitar la formalización.

Puga ha recolectado muestras de leche informal en las 24 provincias del país como parte de sus investigaciones —algunas ya publicadas, otras en proceso— y encontró que, en la mayoría de los casos, la leche informal "incumple con al menos uno de los parámetros establecidos por la norma técnica ecuatoriana", en una proporción que va del 80% al 100% de las muestras analizadas.

Un problema de salud pública

La leche sin el tramiento óptimo que garatince su inocuidad y calidad puede representar riesgos de dos tipos, explica Puga: biológicos, por la presencia de patógenos como salmonella, listeria o E. coli, capaces de causar desde problemas gastrointestinales hasta la muerte en poblaciones vulnerables; y químicos, por residuos de antibióticos o metales pesados. 

En sus estudios encontró niveles de plomo por encima de lo permitido en algunas muestras, aunque los niveles de micotoxinas se mantuvieron, en general, dentro de los límites aceptados.

Sobre la ley que regula al sector

En parte para atender este tipo de vulnerabilidades, la Ley Orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados definió las sanciones y los parámetros de calidad exigibles para toda la cadena productiva.

Esos parámetros se basan en el Código Alimentario, el estándar internacional de buenas prácticas. Ahí se fijan, por ejemplo, los porcentajes mínimos de grasa (3%) y proteína (2,9%) que debe tener la leche cruda, además del límite de 180.000 células somáticas y 250.000 unidades formadoras de colonias.

Sin embargo, fuera de la incautación, la norma prácticamente no contempla sanciones económicas fuertes, según López, aquello fue una decisión deliberada: "se pensó mucho para poder hacer una sanción más allá de la leve", porque cerrar un centro de acopio golpearía a decenas de productores que requieren el sustento diario.

López plantea, además, que la leche decomisada podría tener un mejor destino que el desecho, por ejemplo como abono, algo que Puga confirma como técnicamente viable, aunque ninguno de los dos sabe con certeza qué hace hoy el Estado con esos volúmenes (tampoco aparece en el comunicado oficial).

Ante esta y otras inquietudes, este diario elevó un pedido de información al MAGP, como ente rector, para conocer que provincias concentran la informalidad y la estrategia detrás de estos operativos. Hasta el cierre de esta nota, la cartera de Estado no había respondido.

Capacitar para frenar la informalidad

Para Puga, la evidencia es clara: los estudios de informalidad de la CIL, los operativos de Agrocalidad y los volúmenes decomisados confirman que existe un problema que aún no ha sido controlado de manera suficiente. 

Ante ello, sostiene que la respuesta no puede limitarse a los controles, sino que requiere una acción coordinada entre el sector público, privado y la academia para "buscar alternativas que permitan garantizar que se siga produciendo leche en el mismo volumen".

En ese contexto, el investigador considera que invertir en la formación de los productores permitiría mejorar el manejo y la salud del ganado, reducir el impacto ambiental e incrementar la producción y los ingresos, tanto para los productores como para el Estado. "Es una ganancia de absolutamente todos", resume.

López plantea algo similar desde otro ángulo: el país necesita invertir en tecnología para toda la cadena, desde el transporte hasta la comercialización, para no quedarse atrás frente a estándares que cambian constantemente. 

"El código alimentario está modernizando todo el tiempo", advierte, y considera que Ecuador todavía arrastra prácticas y equipamiento rezagados frente a esa evolución.

A pesar de esos factores, el sector lechero genera, según cifras de la CIL, alrededor de 1,5 millones de empleos directos e indirectos y cerca de 2.000 millones de dólares en ingresos anuales. Esa magnitud explica porque actores del sector buscan visibilizar el problema de fondo aún por resolver en la base productiva.

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