Biodiésel: la apuesta del sector palmicultor para reducir la dependencia del diésel fósil

El arancel del 50% que Colombia impuso a los productos ecuatorianos cerró de golpe el mercado que absorbía el 48% de las exportaciones palmeras del país. 

El sector enviaba 110.000 toneladas anuales de aceite crudo de palma a ese destino. Sin ese mercado, el excedente de 2026 podría superar las 260.000 toneladas, según estimaciones de la Federación de la Cadena Productiva del Aceite de Palma, ProPalma Ecuador.

Fue entonces cuando el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, planteó una salida: apostar por los biocombustibles. La propuesta no responde solo al interés del sector. 

El marco legal vigente ya establece que producir biodiésel de palma es una prioridad nacional para contribuir a la soberanía energética y reducir emisiones contaminantes. 

Para el sector palmicultor, la propuesta no fue una novedad sino una confirmación de urgencia. "Necesitamos un cliente más", resumió Carlos Chávez, presidente de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (Ancupa).

¿Quién compraría el biodiésel?

Ese cliente sería el propio Estado, comprando aceite de palma para mezclarlo con el diésel fósil que hoy importa en un 80%. 

Ecuador propone arrancar con B2 y escalar a B5 en cinco años. La nomenclatura es simple: el número que acompaña a la B indica qué porcentaje del galón es biodiésel, desde una mezcla mínima hasta el B100, que es biodiésel puro. 

Ecuador no plantea reemplazar el diésel; propone empezar por el escalón más bajo para crear un mercado interno y absorber el excedente sin afectar la soberanía alimentaria.

No es un camino nuevo en el mundo. Colombia, el referente más cercano por producir también palma, arrancó hace más de 20 años exactamente con B2, redujo su dependencia del diésel importado, generó más de 100.000 empleos e incorporó dos millones de hectáreas al cultivo. 

Hoy evalúa escalar al B20. Indonesia, el mayor productor mundial de aceite de palma, avanza hacia el B50: la mitad de cada galón sería de origen vegetal. Brasil lleva más de 60 años aprovechando el etanol. Todos comenzaron donde Ecuador está hoy: con la materia prima lista, pero con seguridad jurídica.

¿Cuánto aceite hay disponible?

Para el B2 se requerirían entre 70.000 y 80.000 toneladas de aceite crudo, el 25% de la producción nacional estimada entre 600.000 y 630.000 toneladas anuales. 

El consumo interno ronda las 365.000 toneladas. Rodrigo Gallegos, director ejecutivo de Aprograsec, confirma que el excedente cubre esa demanda sin comprometer alimentos ni exportaciones. Y ese excedente irá creciendo: cada año hay más plantas híbridas en producción y su rendimiento se consolida con el tiempo.

El potencial es mayor de lo que sugieren las cifras actuales. El país perdió 110.000 hectáreas de palma por la enfermedad del Cogollo Podrido (PC) y hoy solo ha resembrado el 55% de esa área. 

Las nuevas variedades híbridas resisten la enfermedad y rinden considerablemente más que las perdidas. 

Si se resembrara el 100% de esa área, siempre en zonas agrícolas donde ya existió palma, Ecuador podría superar el millón de toneladas de aceite sin deforestar una sola hectárea nueva. El programa de biodiésel podría ser el incentivo que acelere esa siembra pendiente.

¿Qué ha hecho el Gobierno?

Los avances son concretos. Un oficio del Ministerio de Producción, firmado el 15 de mayo de 2026 por el Viceministro Andrés Robalino, documenta más de un año de trabajo en una mesa técnica que reúne a los ministerios de Producción, Energía, Finanzas y a EP PetroEcuador. 

En mayo de 2025, la consultora TPA Consultores S.A.S. presentó el estudio técnico y económico del biodiésel puro ante todas las instituciones. 

El 26 de marzo de 2026, toda la cadena productiva avaló las proyecciones de precio a 20 años. El mismo oficio entregó esas proyecciones al Ministerio de Ambiente y Energía y le pidió elaborar los escenarios de mezclas B2 y B5 con el costo estimado por galón. Solo falta un decreto presidencial.

¿Está lista la infraestructura?

La infraestructura básica existe. Una planta de La Fabril en Esmeraldas, paralizada por falta de marco legal, podría estar operativa en seis a ocho meses con capacidad para 100.000 toneladas al año. No es un proyecto nuevo. 

La Fabril ya produjo biodiésel, pero lo exportaba a cruceros en Estados Unidos y luego a Perú, hasta que la competencia del biodiésel de soya argentino subsidiado cerró esa salida. Hoy la apuesta cambia de dirección: primero el mercado local. 

Una segunda instalación en la región oriental tomaría alrededor de un año en estar lista. Las inversiones se estiman entre $20 y $40 millones por planta. Hay empresas listas para comprometerse al día siguiente del decreto, aseguran los expertos consultados.

¿Es rentable o no?

Aquí el sector y los datos del mercado no coinciden del todo. Gallegos sostiene que con los precios actuales del diésel importado —encarecido por los conflictos internacionales— el biodiésel de palma ya es competitivo, y que incluso si los precios cayeran al nivel de $2,80 por galón, el proyecto seguiría cubriendo costos sin necesitar subsidios adicionales.

Sin embargo, el diésel premium rondaba los $2,96 por galón en abril de 2026, según la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), tras la eliminación del subsidio en septiembre de 2025. Ese precio varía cada mes. 

La rentabilidad del biodiésel no es una constante sino una variable que se mueve con el mercado internacional. Expertos en energía advierten que cualquier análisis de viabilidad debe considerar escenarios de precio a largo plazo y no solo el contexto actual de combustibles encarecidos por conflictos geopolíticos.

La experiencia internacional sugiere que la rentabilidad es posible, pero requiere escala y reglas claras. 

Indonesia, con su programa B40, ahorró $9.300 millones en 2025 gracias a la sustitución de importaciones de diésel, según datos oficiales del gobierno indonesio. 

Ese resultado no llegó de un decreto aislado sino de más de dos décadas de política sostenida, inversión y ajuste progresivo de las mezclas.

El precio del aceite para el programa se calcularía sobre la cotización de la Bolsa de Bursa, Malasia, más dos puntos, con una banda del ±2%. Al ser un commodity, el biodiésel seguiría la lógica del petróleo: si el crudo sube, el aceite de palma también. 

Ecuador importa el 80% del diésel que consume y destinará $4.981 millones en 2026 solo en combustibles, según el Ministerio de Finanzas. Con B2, una fracción de ese gasto podría quedarse en el país. No es un ahorro inmediato, pero sí una válvula de largo plazo.

¿Cuándo podría arrancar?

Sebastián Espinosa, director ejecutivo del Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), sitúa al país en una etapa inicial. Su instituto investiga el potencial de la biomasa residual como fuente energética, pero aún en fase de caracterización. 

"Reemplazar combustibles fósiles con biocombustibles en el corto plazo es algo muy complicado", advirtió. La oportunidad existe, pero en el mediano o largo plazo, condicionada a inversión sostenida en investigación y transferencia tecnológica.

Su advertencia no invalida el proyecto de biodiésel de palma, pero lo contextualiza. Ecuador no está hablando de reemplazar el diésel sino de mezclar un 2% de origen vegetal en cada galón. 

La distancia entre esa ambición modesta y la complejidad técnica que describe Espinosa es precisamente el espacio donde vive este debate: entre lo que el sector puede hacer hoy y lo que el país necesita construir para que tenga sentido mañana.

Reducir importaciones de diésel fósil aliviaría la salida de divisas y mejoraría la balanza comercial, pero solo si el programa alcanza escala, los precios se mantienen y las reglas son estables. La oportunidad está sobre la mesa. El aceite, también.