El Nacional: crisis terminal y sin salida a la vista

El Nacional va desbocadamente al descenso. Si no cae administrativamente, tras reincidir en sanciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), será su situación deportiva la que lo condene a la Segunda División.

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Detrás de la caída de una de las instituciones deportivas más importantes del país -un club histórico, grande y decisivo- hay un cúmulo de errores, torpezas y negligencias que parecen insolubles en el mediano y corto plazo.

Incluso yéndose a Segunda, El Nacional no tiene una salida viable para retornar, porque su operatividad ya está seriamente comprometida. La presión que ejercen las deudas por subsanar ante la FEF obliga a destinar recursos que impiden una administración estable y programada.

¿Qué planificación puede existir si, semana a semana, hay que negociar y, en el mejor de los casos, pagar deudas prorrateadas en infinitas cuotas? A esta hora, El Nacional tiene 31 deudas pendientes cuyas cuotas paga o negocia semana a semana en la Federación, por un total de $ 172.111.

Hay casos como el de Fidel Martínez, con quien múltiples acuerdos anteriores se convirtieron en seis deudas diferentes, cada una con cuotas entre $ 5.773 y $ 3.304. Esta es solo una muestra de las múltiples desprolijidades que han postrado en estado de crisis terminal al club fundado en 1964.

Todo análisis de la situación actual empieza con una pregunta obvia: ¿cuándo comenzó la crisis? El Nacional se creó bajo el músculo institucional de las Fuerzas Armadas, expresado en el aporte obligatorio de sus miembros. ¿Fue el final de esta contribución, en 2007, el golpe que noqueó al club y lo ha llevado al filo del abismo? Sería simplista reducir todo a ese hecho particular.

Rodrigo Bohórquez fue presidente de El Nacional en el periodo 2006-2009, al mismo tiempo que estaba al frente de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Con tal responsabilidad a cuestas era imposible que destinara el tiempo y la atención necesarios a su gestión deportiva.

Ese es, verificablemente, el inicio del declive, al que todos los presidentes posteriores aportaron con errores, omisiones y torpezas variadas. No hubo ninguna idea real y concreta que subsanara la eliminación del aporte obligatorio.

Después de Bohórquez vinieron tres descensos de categoría, dos intervenciones de la Secretaría del Deporte, mínimos éxitos -la Copa Ecuador 2024, por ejemplo- y una carga sustancial de deudas y problemas en el Poder Judicial nunca antes vistos.

En síntesis, El Nacional se transformó en una institución mediocre y devaluada, alejada de los primeros planos.

Dentro de la particular estructura histórica de El Nacional está el papel de las Fuerzas Armadas. De hecho, el propio estatuto impone que el presidente de la Asamblea General de Socios sea el Jefe del Comando Conjunto.

Más allá de declaraciones circunstanciales, no ha existido una sola postura de real preocupación e interés ante el estado comatoso que vive la entidad. ¿Realmente les interesa la suerte del que fue, por buen tiempo, su principal vínculo con la sociedad civil? Los hechos dicen que no.

¿Dijeron algo las Fuerzas Armadas cuando, por ejemplo, la fantasmal empresa NEF entró, supuestamente, a administrar El Nacional y solo dejó un rastro de destrucción? 

¿Repara el Comando Conjunto en la triste imagen que hoy genera el otrora equipo más serio del fútbol ecuatoriano -el primero en afiliar a sus jugadores al IESS y en considerarlos empleados a tiempo completo-, cuando hoy acumula 32 demandas en el Poder Judicial por incumplimiento de derechos laborales durante las etapas de Lucía Vallecilla, Marco Pazos y Ricardo Cajas?

Sin una definición clara de las Fuerzas Armadas no hay futuro institucional posible. No se trata de si quieren o no hacerse cargo de la situación, sino de que tomen una postura al respecto. Hoy mismo todo está en manos de la buena voluntad de los socios civiles, de los hinchas que asisten al estadio, de un muy reducido grupo de militares activos y de la intervención de Juan Manuel Aguirre, quien a partir de su experiencia en Deportivo Quito ha mantenido vivo a El Nacional, pero sin la certeza de una rehabilitación.

Falta de regulación real

Debería hacer mucho ruido que tres de las cuatro instituciones históricas del fútbol nacional -El Nacional, Barcelona y Emelec- hayan sufrido intervención ordenada por el Estado. Liga Deportiva Universitaria se ha salvado de esta instancia crítica porque su manejo societario ha sido tradicionalmente fuerte y emparentado con la autoridad moral de sus representantes, antes Rodrigo Paz y hoy Isaac Álvarez.

Los clubes llegan a la intervención porque se diluyen entre la poca honestidad y la desprolijidad de sus administradores. En el caso concreto de El Nacional, el fondo profundo actual ha contado con la anuencia de LigaPro, flexible y ausente del mentado “control económico”, que se ejecuta a medias, de forma circunstancial y a la medida de los clientes.

El propio Miguel Ángel Loor ha reconocido que una aplicación cabal del control impediría que la mayoría de los participantes del torneo puedan actuar. Está todo dicho ahí.

La LigaPro ha contribuido de manera directa a la crisis institucional de El Nacional al no ejercer un control financiero efectivo. La autorización de contratos con montos desproporcionados y la fijación de horarios de partido ajenos a la realidad del fútbol ecuatoriano (como encuentros a las 14:00 de un viernes) evidencian su prioritario afán de mantener en carrera a clubes que no cumplen con las mínimas condiciones y, además, de conservar dentro de sus márgenes de cercanía a directivos ostensiblemente irresponsables como Vallecilla y Pazos, quien llegó incluso al directorio del ente rector del torneo.

¿Se salva?

No es posible dar una respuesta concluyente, porque el problema de El Nacional no es exclusivamente de dinero. Conocedores del entorno del club coinciden en que una inyección de $ 2 millones podría garantizar un periodo de dos años de relativa estabilidad operativa, siempre que se cuente con equipos capaces de negociar deudas de forma profesional y de mantener liquidez.

La experiencia demuestra que es posible reducir pasivos ofreciendo pagos parciales aceptables (por ejemplo, cumplir 3 de cada 10 dólares adeudados). El reingreso de las Fuerzas Armadas en la conducción del primer equipo, junto con la activación del concurso de acreedores para legitimar deudas en la justicia ordinaria y la puesta en valor del activo inmobiliario del complejo de Tumbaco, generarían ingresos relevantes.

Todo ello, sin embargo, requiere la presencia de administradores honestos que prioricen la rehabilitación financiera del club por encima de intereses particulares. Y esto último, posiblemente, ha sido lo más difícil.