La Universidad Yachay, una de las cuatro creadas en el gobierno de Rafael Correa, que las llamó ‘emblemáticas’, avanza a una inevitable intervención, según prevé la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Durante una reciente comparecencia ante la Comisión de Educación de la Asamblea, el titular de la Senescyt, Agustín Albán, recordó que los cuatro centros de educación superior tienen plazo hasta el 31 de diciembre para completar su proceso de institucionalización.

Esto implica la elección de sus autoridades, pues hasta ahora han estado dirigidas por ‘comisiones gestoras’. Tres de ellas realizaron elecciones a inicios de este mes: Universidad de las Artes (UArtes), Universidad Nacional de Educación (UNAE); y la Universidad Regional Amazónica Ikiam.

La excepción es Yachay, debido a un concurso de profesores convocado a fines de 2018, que la Senescyt decidió suspender en 2019 por “irregularidades”, cuando ya se había hasta declarado a los ganadores.

Entre las anomalías que la Senescyt dijo haber hallado está el hecho de que aspirantes a los cargos eran a la vez evaluadores, es decir, eran juez y parte; y que, en algunos casos, estos se evaluaron entre sí.

“Se hicieron mal las cosas cuando se hizo el concurso, hay denuncias de nepotismo, han participado miembros de la comisión que a su vez aprobaron las bases”, agregó Albán.

Una de las consecuencias es que, al no estar definida la planta docente titular, no es posible tampoco definir el padrón y convocar a elecciones.

Con el fin del plazo de institucionalización, la extinción de la comisión gestora y sin autoridades propias, la universidad quedaría en acefalía en enero.

Y aunque la Ley Orgánica de Educación Superior no prevé una causal de intervención específica para este caso, Albán señala que el motivo sería “no poder garantizar el normal funcionamiento de la institución”.

A su criterio, el Consejo de Educación Superior (CES) estaría obligado a efectuar una intervención temporal, “con una agenda o puntos específicos”.

LA UNIVERSIDAD EN CIFRAS

1. La Ley de Creación de Yachay fue publicada el 16 de diciembre de 2013. Acaba de celebrar 7 años de cfreación.
2. Según información de la Senescyt, Yachay tuvo 1.270 estudiantes en 2018; y tenía 140 profesores en agosto de 2020.
3. La universidad bajó de 15’785.286,13 dólares en 2019; a 12’678.676,48 dólares en 2020.

Este Diario solicitó el martes pasado la versión del CES sobre lo anticipado por Albán. También le consultó si conocía de las irregularidades del concurso de profesores y qué acciones había tomado ante ello.

El organismo respondió el viernes y solo indicó que, en sesión del día miércoles, había resuelto pedir a la Senescyt un informe sobre la situación de Yachay y el avance del proceso de institucionalización de esa y las otras tres ‘emblemáticas’.

También pedimos la versión de la universidad, pero el encargado de comunicación dijo que la única voz autorizada era el rector, Hermann Mena, quien tenía su agenda cubierta.

Quienes sí se han pronunciado desde el año pasado para pedir una pronta solución al problema son los alumnos.

Diana López, presidenta de la Asociación de Estudiantes, agrega al hecho de no poder elegir a sus autoridades y conformar el consejo universitario, la incertidumbre e inestabilidad laboral de los maestros. Lo que repercute en no saber si se quedarán sin docentes o ciertas materias en el siguiente semestre; o sin sus actuales tutores de proyectos de graduación.

Sobre una eventual intervención, a López le preocupa ver casos como el de la Universidad de Guayaquil, que a pesar del tiempo que lleva intervenida, todavía no ha podido realizar la elección de autoridades. Pide que tanto el CES como la Senescyt informen sobre la agenda que tendría esa posible intervención de Yachay y si los estudiantes serían parte de ella.

El exintegrante del CES, Enrique Santos, recuerda que estas universidades desde su creación han sido responsabilidad del Ejecutivo (primero, de Correa; y desde 2017, de Lenín Moreno), a través de la Senescyt. Es decir, acota que quien prevé la intervención es su misma entidad promotora.

Sobre una intervención, cree que sería “una interpretación forzada” de las causales, ya que, como se ha indicado, no están contemplados estos casos en la LOES. A su criterio, lo que cabía, una vez que esto se veía venir por el proceso judicial demorado, era una reforma legal para modificar lo relacionado con las causas de intervención y su reglamento; o a la ley de creación de Yachay para extender el plazo establecido para su institucionalización.

Pero nada de esto se hizo y todo parece indicar que, la institución que Correa dijo que cambiaría la historia de la universidad ecuatoriana, va más bien en camino a repetirla