El vaivén de picos de violencia y actos delictivos en el país entre 2021 y 2022 han marcado la gestión del presidente Guillermo Lasso, que lo ha impulsado a aplicar varios estados de excepción en el país, la mayoría de ellos focalizados, como el que actualmente rige en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas.

El primer mandatario indicó en su mensaje a la nación del jueves en la noche que los atentados terroristas son una declaración de guerra a los ciudadanos y a la democracia del país.

“Se están desplegando todas las acciones necesarias para enfrentar este enemigo: el crimen organizado, el narcotráfico y sus nexos con la política... Inmediatamente después de que el país conoció de los atentados terroristas, un grupo de políticos sugirió públicamente por intermedio de comunicados desestabilizar la democracia y atentar contra el Estado de derecho”, apuntó Lasso.

Lo cierto es que en los casi dos años de Gobierno se han registrado ocho masacres carcelarias y olas delictivas de delincuencia en las ciudades del Ecuador. Algunos motines han coincidido con los avances en las investigaciones de casos de corrupción. De ahí la suspicacia. Una muestra es que en las tres primeras muertes masivas al interior de las cárceles hubo previamente acciones como allanamientos en el caso de desvanecimiento de glosas en Petroecuador a favor de la empresa NoLimit, también salió a la luz la fotografía en la que el legislador Ronny Aleaga estuvo en una piscina en Miami junto a prófugos de la justicia por casos de corrupción en hospitales y cercanos al narcotráfico; y además se generó conflicto en el Legislativo por el caso de Pandora Papers.

En ese entonces, la presidenta del Legislativo convocó a tratar en el pleno el caso, luego fue derivado a la comisión de Garantías Constitucionales liderado por Pachakutik y el Correísmo (revisar infografía).

En octubre y noviembre de 2021 hubo dos estados de excepción paralelos, uno para las cárceles y otro por la inseguridad en las calles. La medida fue tomada después de la muerte de Sebastián Obando, un niño de 11 años que se encontraba en una heladería, y en medio de un fuego cruzado entre un policía y el asaltante fue impactado.

En Entre el 1 de enero y el 2 de noviembre de 2022, las muertes violentas en Ecuador superaron las 3.705. Además se han dado la mayor cantidad de muertes de presos en cinco amotinamientos. En estos hechos también se registran sucesos cercanos a descubrimientos o acciones de la justicia. Porque entre abril y julio ocurrieron liberaciones y capturas de importantes sospechosos en varios delitos.

Por ejemplo, el habeas corpus a favor de Glas y de JR, el segundo al mando de los Choneros, aunque volvieron a prisión luego de demostrarse que no se cumplía con los requisitos legales, también se capturó a Leandro Norero, uno de los narcos más poderosos del país, según la justicia, y quien murió el 5 de octubre pasado en el último enfrentamiento entre bandas al interior de los reclusorios.

El Secretario Nacional de Seguridad, Diego Ordóñez, resaltó a EXPRESO el pasado miércoles que detrás de los hechos violentos y atentados terroristas del último martes existen intereses de impunidad y que estos saldrían a flote luego de que Nilsen Arias “deje saber en su colaboración con la justicia de Estados Unidos las implicaciones de Correa y los funcionarios de su gobierno” en este tipo de hechos, agregó que no solo es el caso de Petroecuador sino algunos otros de corrupción que son investigados en el país y que “no les conviene” que sean descubiertos.