Las urnas resultan insuficientes para legitimar a Participacion

La expectativa por su elección va perdiendo fuerza. Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) le siguen persiguiendo los mismos fantasmas de antes de los comicios del 24 de marzo. La ilegitimidad, la limitación de funciones o, simplemente, su eliminación son temas que se mantienen en el entorno del organismo.

Hasta la tarde de ayer, el Consejo Nacional Electoral (CNE) había escrutado algo más del 98 % de los votos de la elección del Consejo de Participación. Ninguno de los que lleva la delantera en las papeletas de mujeres, hombres y pueblos, nacionalidades y ecuatorianos en el exterior supera, individualmente, al voto nulo que en promedio alcanza el 22,90 %, aunque en la suma de todos los candidatos los sufragios válidos se imponen.

El abogado y analista político Diego Ordóñez cuestionó la baja representatividad con la que llegarían los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana cuando, según el conteo oficial, ninguno de ellos rebasa al voto nulo que, sumado a los votos blancos, alcanzan cerca del 45 %.

“Si el CNE cumplía con la ley y daba paso a la propuesta del consejero Luis Verdesoto de multiplicar por siete los votos nulos, para equipararlos con los válidos, habría sido aún peor el impacto. Pero el mensaje está claro: un buen porcentaje de ciudadanos rechazaron la existencia de este organismo y otros desconocían de su elección. No hay legitimidad”, dijo Ordóñez a EXPRESO.

Otros impulsores del voto nulo, como el líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso, no se pronunciaron hasta la tarde de ayer sobre los datos. Sí lo hizo el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que estaba en contra de anular el voto y que escribió ayer en redes sociales: “votar nulo es dejar que el otro elija lo que uno no quiere. Por eso, la mayoría del pueblo, no votó nulo; escogió entre los elegibles”.

Pero pese a las diferentes lecturas que se les puede dar, los resultados volvieron a activar las propuestas en torno al futuro del CPCCS. El bloque de SUMA en la Asamblea Nacional exhortó ayer a la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, para que, cuanto antes, se incluya en el orden del día el debate de una propuesta de reforma parcial a la Constitución.

Con esta se busca limitar la potestad que tiene el CPCCS de designar a las autoridades de control y que esta competencia regrese al Legislativo. El camino sería que la Asamblea envíe a la Corte Constitucional (CC) el proyecto y esta califique su constitucionalidad. Luego, en 90 días, el Pleno legislativo aprobaría el texto y se llamaría a una consulta popular para hacer la reforma, explicó Guillermo Celi, jefe del bloque de SUMA.

Cabezas comparte esta idea, pero ella propone hacer los cambios vía enmienda constitucional lo que tomaría algo más de un año. Demasiado tiempo consideran los sectores que cuestionan al Consejo de Participación.

Ordóñez, sin embargo, cree que estas son soluciones tibias para un organismo que ha sido cuestionado por las acciones y omisiones durante una década de funcionamiento. “El único camino por el que deben optar los actores políticos es la eliminación de este organismo. Los resultados de las elecciones son bastante claros”, aseveró.

En la Corte Constitucional también reposa un pedido de inconstitucionalidad por omisión que fue presentado el 8 de marzo por un grupo de abogados. La CC admitió a trámite el reclamo, aunque sus patrocinadores analizaban retirarla una vez que ya se llevó adelante la elección.

Al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) también llegó un pedido de nulidad del proceso. El demandante, el expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, dice que además de que no se difundieron adecuadamente los perfiles de los candidatos y sus propuestas, algunos hicieron campaña cobijados por tiendas políticas, lo que estaba prohibido en el reglamento de la elección del CPCCS.

La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció ayer el esquema que se aplicó para la difusión de las candidaturas “no permitió que la ciudadanía conociera a los aspirantes y que pudiera votar de manera informada”.

¿Esto pone en duda la legitimidad de esta elección? Los observadores internacionales prefirieron no comentar al respecto, porque consideran que tanto la legitimidad de los nuevos integrantes del CPCCS como la continuidad de este organismo deben ser parte de un debate profundo entre los actores sociales y políticos del país.

Fernanda Rivadeneira

Es la candidata del Colegio de Abogados de Manabí al CPCCS. Es abogada, tiene 32 años y ha participado en proyectos de fomento productivo con comercialización y precio justo. También ha tenido participación en contiendas electorales. En 2009 fue candidata a asambleísta por el movimiento Alianza PAIS y en 2013 fue candidata alterna por el movimiento CREO. En ambos casos no alcanzó la curul.

Sofía Almeida

Es una abogada, de 32 años, que llegó a postularse con el auspicio de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas del Ecuador (Fenoc). Ha sido auditora de la Contraloría General del Estado y asesora legal de las organizaciones montuvias del Guayas. Propone para el CPCCS la aplicación de herramientas informáticas que permitan a los ciudadanos fiscalizar la actuación de las entidades públicas.

Victoria Desintonio

Esta abogada guayaquileña, de 31 años, formó parte de la organización Jubileo 2000, de la que fue cofundador el exministro del anterior Gobierno, Ricardo Patiño. Desintonio ocupó cargos en el Instituto de Economía Popular y Solidaria, Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Judicatura. Propone crear un observatorio a la Ley de Violencia de Género. Su nombre fue promocionado por el expresidente Rafael Correa.

Rosa Chalá

Ibarreña, de 54 años, tiene un título de abogada y una licenciatura en Ciencias Políticas. Concursó, sin éxito, para integrar el primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en 2008. Luego fue directora de Promoción Político Electoral en el Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral (CNE). Busca fortalecer la organización social para combatir la corrupción.

José Tuarez

Es un sacerdote dominico, de 41 años, que tiene una licenciatura en Teología y una especialización en Docencia Universitaria. Su candidatura no estuvo exenta de la polémica con su propia congregación religiosa. Es el más votado de la lista de hombres para el Consejo de Participación Ciudadana. Asegura que se convertirá en la voz de todas las organizaciones sociales para gestionar sus propuestas.

Walter Ronquillo

Tiene 48 años y es licenciado en Publicidad y Mercadotecnia. Es un activista por la población LGBTI y ha sido asesor en el Consejo de Participación Ciudadana, antes de la etapa transitoria de este organismo. Entre sus propuestas está impulsar la evaluación de todos los actos del Consejo de Participación transitorio. Su nombre fue promocionado en campaña por el expresidente Rafael Correa.

Datos

Las sorpresas

Actores sociales y políticos como Hernán Ulloa, David Rosero y Aland Molestina se quedaron fuera del CPCCS.

Auspicios

De los cinco aspirantes a los que se les relacionó con el anterior Gobierno entrarían dos al Consejo.

Expectativa

El CNE espera los informes sobre los candidatos que habrían contado con apoyo de partidos políticos.