La relación redes sociales y campañas electorales es, cada vez, más estrecha. Un estudio del Grupo Faro determinó, seis meses después, la importancia que dieron a la promoción en Twitter los candidatos a alcaldes en Guayaquil, Quito y Cuenta y lo comparó con los resultados obtenidos en los comicios seccionales de marzo.

Los cinco aspirantes más votados en la capital azuaya fueron los que más apostaron por esta red social, invirtiendo en promedio unos $ 85.000, lo que significa un 90 % del límite permitido del gasto electoral definido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la ciudad.

Un poco más lejos estuvieron candidatos a la Alcaldía de Guayaquil. El CNE ubicó el techo del gasto electoral, que es financiado con recursos estatales, en $ 408.154 y los cinco más votados en promedio invirtieron $ 137.000 (33,6 %).

Los más conservadores en la última contienda fueron los candidatos a la Alcaldía de Quito. El análisis de Faro proyectó que los cinco que tuvieron la preferencia de los electores gastaron en ‘trinos’ unos $ 108.000 en promedio, de los $ 403.658 que definió el Consejo Electoral como límite de gasto en la capital.

Pese a lo reveladoras de las cifras, estas son apenas anecdóticas porque los desembolsos en los que incurren los candidatos en las plataformas tecnológicas no se encuentran regulados por la normativa electoral ecuatoriana, por lo tanto, no pueden ser imputados al gasto electoral.

Estefanía Terán, directora de Área de Democracia, Transparencia y Ciudadanía de Faro, reconoce que estos valores son referenciales porque las negociaciones y costos en Twitter están basados en subastas, depende de lo que se trata de comprar o si el producto es tendencia. Por eso, se basaron únicamente en las cuentas oficiales de los candidatos y, usando la herramienta Twitter Developer, se tomó el costo medio del promocional contratado.

“El debate de controlar el gasto que hacen las campañas políticas en las redes sociales, no el contenido de las redes sociales, es algo que se debe empezar a abordar dentro de las reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas. Esto ayudaría a transparentar las fuentes de financiamiento que tienen los candidatos y las organizaciones políticas”, considera Terán.

Por ahora, este tipo de análisis solamente se puede hacer con las herramientas que facilita Twitter. En el caso de otras redes sociales como Facebook es necesario que las autoridades electorales soliciten la información al respecto.

Sin embargo, se espera que para las elecciones presidenciales y de asambleístas de marzo de 2021, otras plataformas tecnológicas amplíen la posibilidad de ejecutar estos ejercicios de transparencia por la relevancia que van adquiriendo en las campañas electorales, no solo en Ecuador.

¿Hay una relación entre presencia en redes sociales y la victoria? Depende, según Faro. En Guayaquil, por ejemplo, la que mayor presencia tuvo en Twitter fue la actual alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano.

En Quito fue al revés. El alcalde Jorge Yunda no fue exactamente el que más se promocionó por esta red social, con relación a otros candidatos que sí se ubicaron entre los primeros, pero no ganaron la contienda. En Cuenca, la relación fue más difícil de establecer porque todos los candidatos hicieron un gasto similar para la campaña virtual.

La reforma se salta las redes

La posibilidad de que en un futuro cercano se empiece a regular los gastos en los que incurren los candidatos en redes sociales, parece lejana.

Dentro de las propuestas presentadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la Asamblea para reformar el Código de la Democracia se hace referencia a la inclusión de los medios digitales o de internet como sujetos para recibir financiamiento para la promoción electoral.

Sin embargo, en estos cambios se especifica que quedan fuera de este beneficio, por lo tanto del control de las autoridades, las redes sociales. Las autoridades electorales esperan que sus propuestas sean incluidas por los asambleístas.

Otra de las iniciativas presentadas por los integrantes del CNE es que se aumente el monto máximo del gasto electoral que en la actualidad se asigna para los cargos de elección popular.

Otro punto es que exista un registro obligatorio de personas naturales aportantes.