Como un bisturí o una gran mandíbula. Son los símiles que usan algunos asambleístas para referirse a la Ley de Extinción de Dominio aprobada en segundo y definitivo debate la noche del pasado martes. En palabras simples, la normativa es una herramienta para la extinción de la propiedad a favor del Estado producto de actos ilícitos como narcotráfico, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, trata de blancas, peculado, cohecho u otros similares.

No necesitará de una acción penal, es decir de una sentencia judicial, para que pueda ser aplicada. Este es uno de los tres dientes (si seguimos con el símil de la mandíbula) que tiene este proyecto de ley, a decir de la legisladora Mae Montaño, quien propuso cambios durante el largo proceso de debate con algunas dilataciones para su tratamiento en el pleno.

En este punto hace una diferencia: una cosa es la acción penal que juzga el comportamiento de la persona y otra diferente es la extinción de dominio sobre propiedades que fueron obtenidas de manera ilícita. Con esto intenta desbaratar los argumentos de quienes se apoyan en el respeto a la propiedad privada para denostar el proyecto de ley. “La naturaleza constitucional del derecho a la propiedad se respeta a los ecuatorianos que han logrado sus bienes de manera legal, no de manera ilegal”, replica.

El otro diente es la retrospectividad. Este principio le da a la ley alcance para los hechos pasados. No es lo mismo que retroactividad, puntualiza el legislador y proponente del proyecto Fabricio Villamar, ya que no se trata de cambiar las reglas del juego ya existentes, sino de la creación de una nueva ley que versa sobre una nueva materia. “A ratos quieren identificar esta ley diciendo que como se trata de materia penal no puede ser retroactiva. La ley no es retroactiva, es retrospectiva. Es una ley que trabaja sobre los bienes y no sobre las personas”.

El tercer y último diente es la imprescriptibilidad. No es otra cosa que no ponerle fecha de caducidad al presunto delito. Puede ser juzgado hoy, como mañana o dentro de 10 años o más.

Estos tres aspectos quisieron, a criterio de Raúl Tello, legislador y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, ser eliminados de la ley antes de su votación la noche del martes. Noralma Zambrano, asambleísta por el movimiento Alianza PAIS, presentó una moción previa para modificar, entre otros puntos, el término ‘imprescriptible’ por ‘prescriptible’. Además, que la extinción de dominio se configure, entre otros requisitos, con sentencia condenatoria ejecutoriada. También, eliminar el término ‘retrospectividad’.

Esto provocó la reacción de Tello, quien increpó al presidente encargado de la Asamblea, César Solórzano, por dar paso a la moción y a la votación, que finalmente no alcanzó las voluntades necesarias para su aprobación. “Lo importante de la ley es que resulta independiente del ámbito penal y con ello se abre un camino más expedito para recuperar los bienes, y es en los que el ámbito penal no ha podido llegar”, explicó a EXPRESO.

Para Tello, Montaño y Villamar resulta curioso, por decir lo menos, que varios de sus pares correístas, socialcristianos, de CREO, PAIS y otros votaran a favor de la moción de Zambrano que, a decir de los tres, buscaba restarle esa independencia a la ley, y que también votaran a favor de la aprobación de la misma tal como estaba.

Son las curiosidades en el Legislativo que provoca un proyecto de ley que aún debe superar obstáculos antes de entrar en vigente. El primero, el veto del presidente Moreno. Y una lluvia de demandas de inconstitucionalidad que los tres legisladores ven venir.