Letra muerta. El artículo 194 de la Constitución reza que la Fiscalía General del Estado (FGE) “es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera”. Un mandato que, en la práctica, no se concreta.

Desde noviembre de 2020, la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía (Afempe) puso en marcha una campaña de socialización, para apoyar la iniciativa de la recuperación de la autonomía de la FGE, impulsada en el Proyecto de Ley que se encuentra para segundo debate en la Asamblea Nacional.

Una propuesta que busca, en la práctica, independizarse del Consejo de la Judicatura, básicamente en lo relacionado con el presupuesto y selección de su personal.

Xavier Merchán Noriega, presidente de Afempe, precisa que existe un delegado del gremio en cada una de las 24 provincias para, en territorio, hacer llegar a la sociedad el mensaje de lo necesario que es la autonomía para la FGE. La socialización se la realiza a través de otros gremios, la academia (entre ellos universidades), medios de comunicación.

El proyecto de autonomía está en la Asamblea desde 2019. El 16 de septiembre de 2020 pasó a segundo debate, dentro de un paquete de enmiendas constitucionales que plantea, además, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la bicameralidad del Parlamento.

“Somos autónomos de la Función Judicial, pero en realidad tenemos que pedir permiso para todo; para los concursos, presupuestos. Horita no tenemos presupuesto para poder expandirnos y comprar equipos, todo eso es necesario para abrir otras fiscalías (...) se necesita más infraestructura para desarrollar de mejor manera el trabajo”, explica Merchán, al fundamentar el porqué de la campaña que han desplegado.

El funcionario ejemplifica esa falta de dinero para alquilar otras oficinas y poder ampliar la atención en el Cuartel Modelo, donde funciona la Unidad de Flagrancia de Guayaquil, y donde asegura están estrechos, igual que en otras unidades judiciales.

“A las nuevas fiscalías que se abrieron en la Valdivia Sur para descongestionar y dividir la ciudad no podemos enviar fiscales porque no tenemos donde ponerlos (...) hacemos lo humanamente posible”, advierte Merchán.

Y así lo corrobora César Peña Morán, fiscal multicompetente del cantón El Triunfo, en la provincia del Guayas. El funcionario comenta que en muchas ocasiones tiene que utilizar su vehículo particular para trasladar a las víctimas hasta otros cantones cercanos, para atención del médico legista u otras diligencias que debe desplegar en los casos que investiga.

“Estamos limitados a lo que se pueda realizar, es más, ni siquiera tenemos mensajeros para entrega de oficios. Tengo que ir a dejar los oficios e ir a ver las respuestas; por ejemplo, desde el cantón El Triunfo a Guayaquil, en la Zona 8, a Criminalística por el tema de pericias. Hay muchas limitaciones en cuanto a traslado, personal, presupuesto, gastos operativos. Solo somos dos fiscales que debemos turnarnos”.

No todos los cantones donde hay fiscalías cuentan con médicos, asegura Peña, por lo que les toca trasladarse a las jurisdicciones más cercanas para hacer las pericias. Igual ocurre cuando requieren de trabajador social, psicólogos.

Si bien, añade, la Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI) funciona en Guayaquil, el personal es mínimo comparado con la cantidad de procesos que se manejan a nivel de provincias y del país. Solo a nivel de Violencia Intrafamiliar, detalla que en su unidad se tramitan 280 casos por año.

“La Judicatura reclama por audiencias fallecidas, pero no se soluciona la parte operativa ... En el tema de investigaciones hacen falta peritos, psicólogos, médicos legistas, estamos en un colapso con peticiones. Están todos copados, con presupuesto se podría contratar personal de peritos, en violencia intrafamiliar, violencia de género, de la mujer (...) tenemos que estar solventando gastos de la institución. No existen vehículos para ese tipo de trabajos (...)”.

En 2019, a la Fiscalía del Guayas y Galápagos se le asignó un presupuesto de 1’246.512,84 dólares, del que se ejecutó el 97,27 %. Para 2020, el presupuesto aprobado se redujo a 1’003.164,37.

Una situación que impide cumplir hasta con parámetros internacionales, respecto del número de investigadores que debe existir por habitantes. Hasta 2020, existía un promedio de 5 fiscales por cada 100.000 habitantes en el país. En América Latina se promedia 7, mientras que a nivel internacional 12.

Hasta antes de la pandemia, la provincia del Guayas contaba con 179 fiscales (una media de 4 por cada 100.000 habitantes) y con un déficit de 9, para atender más de 92.000 denuncias ese año, 20 % por robo, mientras que un 10 % por violencia psicológica, contra la mujer o miembros del núcleo familiar, delitos que cada vez aumentan en la sociedad, lo que hace imperioso más infraestructura y personal para atender a las víctimas.

Defensoría

El proyecto de reformas contempla también la autonomía de la Defensoría Pública, en lo disciplinario y planificación, gestión y selección del talento humano.

¿Qué se necesita cambiar?

Desde la Comisión Especializada para el Tratamiento de Enmiendas y Reformas Constitucionales, de la Asamblea Nacional, se analiza ese cambio que busca la Fiscalía General del Estado para hacer un trabajo más independiente.

En julio de 2020, la fiscal Diana Salazar expuso la necesidad de tener esa “verdadera autonomía e independencia” de la entidad y no estar condicionados al Consejo de la Judicatura que, por mandato constitucional es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Un cambio que se generó con la actual Constitución, que rige desde 2008 por impulso del expresidente Rafael Correa.

“La Fiscalía debe buscar no solo su autonomía financiera, para poder designar a sus funcionarios, sino la autonomía administrativa y el control de sanciones a sus funcionarios (...) en mis tiempos la Fiscalía General era prácticamente autónoma”, menciona el exjuez constitucional Antonio Gagliardo Loor, quien se desempeñó también como fiscal provincial del Guayas.

El exfuncionario recuerda que antes la Fiscalía era más ágil en los concursos para seleccionar al personal y, los pasantes hacían carrera dentro de la institución, así como los fiscales. Ahora todo se resuelve y es evaluado por el Consejo de la Judicatura, “un ente extraño a la institución que no conoce la realidad interna de la Fiscalía”.

¿Y qué se debe cambiar? En el proyecto de reformas se hacen varias sugerencias, como la sustitución del artículo 194 de la Constitución, cuya reforma dejaría a la Fiscalía General del Estado como un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, que “funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera”, con una asignación del Estado “directa, oportuna y sin dilaciones, los recursos suficientes para el cumplimiento de sus funciones y gestión”.

92.222 denuncias recibió la Fiscalía de Guayas durante el 2019, 12.716 por delitos flagrantes (cometidos dentro de 24 horas).