La investigación por el atentado que destruyó el cuartel policial de San Lorenzo, en Esmeraldas, concluye. Esta semana se cerrará la instrucción que abrió el fiscal Wilson Toainga tras el incidente ocurrido el 27 de enero. Hay 28 procesados, entre ellos Walter Arizala, alias Guacho, líder del frente narcoterrorista Óliver Sinisterra.

En estos días el fiscal evacuará las últimas diligencias en un expediente que supera las 25 carpetas con documentos que van desde versiones, peritajes, certificaciones, hasta las asistencias penales internacionales.

Una de estas últimas llegó desde Colombia, vía correo electrónico, y se incorporó en la carpeta 24. Es una radiografía del grupo de Guacho descrita por un excolaborador detenido en Colombia que se acogió a la cooperación y recibe protección.

El documento al que accedió EXPRESO es la ampliación de la versión de Washington Arroyo ante un investigador de los grupos Gaula de la Policía de Colombia. Él habla de los colaboradores, la provisión de armas, los inicios de Óliver Sinisterra, el sitio donde se grabó la prueba de vida del equipo de diario El Comercio secuestrado y asesinado.

El primer testimonio de Arroyo permitió a la Fiscalía identificar, al menos, a 22 de los 28 procesados en el caso del ataque al cuartel policial, entre ellos Guacho y Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, detenido en Colombia el sábado. Reinel fue señalado como el custodio de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, plagiados el 26 de marzo en Mataje, mientras cubrían el asesinato de cuatro infantes de Marina.

Arroyo dijo en su testimonio que “en cuanto a la logística, las armas se compran a la Policía del Ecuador, quienes son los intermediarios de comprar el armamento en el paso del Perú y se las entregan en la vereda de Puerto Rico y El Pan”. Dice desconocer la ruta del tráfico de armas, pero aseguró que la transacción monetaria está a cargo de Guacho y alias Cachi, cabecillas del frente.

Los chalecos que usan los terroristas se adquieren “donde compramos víveres, en las tiendas de los sectores de Palo Seco, Puerto Rico, la Playa, Vallenato y San Lorenzo, Ecuador”. Los entrenamientos de los armados se cumplen en la vereda de Azúcar, en Tumaco, contó.

Una fuente policial ve complicada la posibilidad de que esta institución provea las armas. Explicó a este Diario que en la Policía la pérdida de un arma implica un proceso judicial que afecta al custodio. La posición institucional es que la Fiscalía y la justicia en general hagan las investigaciones, las vinculaciones necesarias y transparenten la información.

Otra de las novedades de la versión de Arroyo es el nacimiento de la agrupación criminal. “Este grupo surge después de una reunión de narcotraficantes en el municipio de Tumaco”, recuerda. Entre ellos, don Omar, Cachi y Guacho.

Según él, una buena parte de los colaboradores del frente son ecuatorianos que reciben pagos de entre tres y seis millones de pesos al mes (entre 1.000 y 2.000 dólares) con salidas cada dos o tres meses a las jurisdicciones que controla el grupo.

Guacho tiene órdenes de prisión en Colombia y en Ecuador y pedido de difusión roja a Interpol. Es procesado por terrorismo y delincuencia organizada. El 19 de julio tendrá su primera audiencia preparatoria de juicio en Quinindé, Esmeraldas.