Están bajo la lupa. De los ciudadanos, de las organizaciones políticas, del Gobierno nacional. Es que su trabajo no es menor. Escoger a autoridades como contralor, procurador, fiscal general, vocales del Consejo Nacional Electoral, entre otros, hacen del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), desde su creación, un ente apetitoso y no ajeno a las pugnas políticas.

Y más aún cuando, desde su creación, ya no es necesario convencer a la mayoría de todo un Congreso, sino alinear al menos cuatro de sus miembros para direccionar el Consejo y, por ende, encaminar los concursos de selección de autoridades. ¿Es posible? Sí, y para muestra lo que sucedió en la época del correísmo y el morenismo. Es por eso que la actual tormenta dentro del ente dista de ser una mera coincidencia.

Y como todos los ojos están sobre el Consejo, EXPRESO también ha depositado su mirada en sus miembros y como punto de partida ha revisado sus declaraciones juradas de bienes presentadas ante la Contraloría General del Estado para observar su flujo durante su gestión como consejeros y las novedades que estos registran. Una de ellas es el incrementado patrimonial del actual presidente del Consejo, Hernán Ulloa.

Pasó de registrar un patrimonio total de 504.240,23 dólares en el año 2019 como consejero suplente a 930.162,9 dólares en el 2020 como vocal principal (ver gráfico). De tener dos vehículos a contar con tres vehículos y una motocicleta; y de contar con dos departamentos a contabilizar dos departamentos, dos oficinas, una casa, un terreno y un penthouse.

En conversación con este Diario, Ulloa explicó que la primera declaración la presentó con información poco detallada, dado que desconocía que como consejero suplente debía presentar dicho documento y lo elaboró horas antes para cumplir con el requisito. La segunda declaración consta con información más actualizada, aunque precisa que ese patrimonio, a la actualidad, se ha visto disminuido. “En la segunda declaración juramentada se completa la información correctamente cuando ya paso a ejercer el cargo público y a recibir un sueldo como servidor público. Había la necesidad, no solo yo directamente, sino de contar con un especialista para que me llene este formulario, porque es uno donde ya solemnizo el ingreso al servicio público y requería el detalle al mínimo no solo de los activos, sino de los pasivos”.

Siguiendo el mismo orden. Sofía Almeida, consejera y expresidenta del organismo, es la segunda que más ha visto incrementado su patrimonio. Según explicó a este Diario, su situación debe ser analizada dentro del marco de una sociedad conyugal. Precisa que, además de sus ingresos, también están los de su esposo, quien es gerente de una empresa (Industria Química Investcamp S.A.), en la que ella también tiene participación.

No obstante, en el lado de los activos, el rubro que más crece es el de acciones y participaciones. Pasa de registrar 216.724,52 dólares en 2019 a 339.655,53 dólares en 2021, es decir, un incremento de $ 122.931,01. “Entendería que son las acciones como sociedad conyugal con mi esposo. Esta empresa está a nuestro nombre desde antes que yo fuera consejera. Ha tenido un crecimiento muy bueno desde antes que yo sea consejera. Todos los años crece. Todos los ingresos que recibe son por acciones privadas fuera del Estado. No tenemos contratación con el Estado, nunca ha tenido ni desde que soy consejera ni antes”.

La vicepresidenta del Consejo, María Fernanda Rivadeneira, se ubica en un tercer lugar. Explica este incremento también dentro del marco de una sociedad conyugal, y al no tener hijos, precisa, tiene menos gastos. Sin embargo, el mayor crecimiento de sus activos se registra en el aumento del valor de tres bienes inmuebles: un departamento, un terreno y una casa. En el transcurso de dos años, entre 2019 y 2021, el primero aumentó su valor en 58.000 dólares; el segundo, en 8.000 dólares; y el tercero, en 35.000 dólares. Dando un total de 101.000 dólares de crecimiento. “En Portoviejo, donde tengo uno de los bienes, subió considerablemente la plusvalía porque es el proyecto de desarrollo que tiene la ciudad. Incluso eso ayudó a que subieran los impuestos”, explicó.

Le sigue el consejero David Rosero. Este ha incrementado su patrimonio en 40.095,47 dólares en dos años. Lo justifica básicamente por su actividad como consejero. Recuerda que ejerció este cargo entre 2010 y 2015 y ahora en esta nueva etapa desde el año 2019 hasta la fecha. “Adicionalmente, he tenido la oportunidad de realizar actividades dentro de la profesión”. No obstante, hay una novedad: no registra pasivos en ninguna de las declaraciones juradas. “Es que no me gusta tener deudas. Se trata de eso. Lo que se ha podido ahorrar es para sanear las cuentas. En la pandemia existió complicaciones. No soy amigo de hacer deudas de montos considerables, lo que uno pueda pagar. Llegué a tener dos tarjetas (de crédito) y me quedé con una”.

Ibeth Estupiñán, de la lista de consejeros que registran incremento en su patrimonio, es la que menos ha visto un aumento en el mismo: un poco más de 18.000 dólares. Ella lo atribuye a la compra de un vehículo. “Se debe básicamente a eso. Antes ganaba 1.400 dólares como técnica del Consejo y ahora 4.283 dólares, entonces algo he podido adquirir con este incremento a pesar de que hay gastos. Uno cambia las relaciones y ya no come en el Puente de El Guambra, sino en la Bifería de la Portugal, por decirlo de alguna manera”. Efectivamente, en su última declaración jurada registra un vehículo Kia del año 2020 valorado en 26.990 dólares.

Los dos consejeros restantes son los únicos que han visto disminuido su patrimonio. Francisco Bravo, por ejemplo, en dos años registra una reducción en un poco más de 3.000 dólares. La limitante legal para los servidores públicos de ejercer otra profesión (a parte de la cátedra universitaria) ha sido para este consejero un perjuicio. “Es por eso que uno por estar dedicado permanentemente a esto limita tener otras actividades. La Ley de Servicio Público establece un sinnúmero de limitaciones. A eso se debe la reducción del patrimonio”.

Al final de la lista está Juan Javier Dávalos. Este consejero registra una reducción de su patrimonio en un poco más de 27.000 dólares. En una breve conversación con EXPRESO lo atribuyó a la situación económica. “Esa es una realidad de todos los ecuatorianos. Vivimos en una crisis económica enorme. Todo ha subido de precio. No veo nada extraño haber perdido 20.000 dólares en tres años”.

Las reacciones de los siete consejeros