Como a perrito que le dan de comer en el patio, recuerda María una época oscura de su vida laboral como empleada doméstica. Ella tiene 39 años y aunque su español no es del todo fluido, accedió a contar a EXPRESO sus historias. Es oriunda de un recinto en Gualag Alto, en la provincia del Cañar. Trabaja como empleada doméstica desde los 15 años y hace 16 vive en Quito. Su paso por distintos empleos la han llenado de experiencias y también de malos recuerdos.

“A veces me daba hambre, no tenía qué comer y no me dejaban salir. La patrona tenía la comida contada, si comía una fruta me hablaban. Me ponía triste y a llorar. Sufría mucho”, recuerda María el trato que recibió de una jefa en un domicilio en Cumbayá. Trabajó seis meses en esa vivienda.

El caso de María no es el único. Tañía, residente de un populoso barrio de Tumbaco, también se desempeña como empleada doméstica hace muchos años. A sus 46 años, también ha tenido escenas lamentables en sus trabajos.

“Recuerdo que tuve una jefa, un poco mayor de edad, ella me hacía cocinar para los perros, tenía tres pastores alemán, y de esa comida me hacía comer. Siempre se justificaba diciendo que la gente como yo estamos acostumbrados a la coladita, a la sopita y no a la comida fina”, cuenta Tañía.

Los derechos de todos los ecuatorianos están consagrados en la Constitución, entre ellos que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, identidad cultural, religión, condición socioeconómica, condición migratoria, entre otros.

Así también, los derechos laborales de las trabajadoras del hogar remunerado, están reconocidos en el Código del Trabajo ecuatoriano, donde se establece que el empleador tiene la obligación de “tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de palabra o de obra”.

Según datos proporcionados por el Ministerio del Trabajo, en los últimos tres años no se han registrado denuncias por maltratos a empleadas domésticas. Las quejas más frecuentes son por temas relacionados con despidos intempestivos y faltas de pagos estipulados en la Ley.

Para el abogado Frank Tapia, experto en materia laboral, las empleadas domésticas no denuncian sus casos por desconocimiento de la ley, temor a represalias por parte de sus empleadores y, lo más común, por quedarse sin empleo. Agrega que este tipo de acciones denigrantes, a más de incurrir en una falta laboral, estos empleadores estarían cometiendo un delito penal. “En estos casos existe una total discriminación, y casos hasta de agresiones físicas, que se deben denunciar no solo en el Ministerio del Trabajo, sino en la Fiscalía”.

Tapia hace referencia a que el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en la sección de los Delitos contra el Derecho a la Igualdad, se especifica que la sanción para quienes cometan estos agravios hacia otra persona va de uno a tres años de pena privativa de libertad.

Una empleada doméstica manabita, quien quiso quedar en el anonimato, cuenta que trabajó para una familia millonaria en Guayaquil hace pocos años y hasta golpes recibió.

“Era una familia muy conflictiva. Creo que se desquitaban con nosotros. La señora me decía que como yo era del campo era bruta. Y así usaban siempre calificativos feos para referirse a mí”, relata.

En otros casos no bastan los insultos, hay agresiones físicas. Tañía recuerda que una vez le provocaron un daño en su nariz. “Trapeaba arrodillada al piso porque no les gustaba que sea de otra forma. Ya me estaba yendo y la patrona me regresa, porque en el piso había una supuesta mancha. Me hizo agachar para verla y me empujó. A lo que eso sucedió, me lastimé la rodilla, me golpeé la nariz con el piso y me fracturé”. Tañía nunca denunció.