Selección de jueces, el punto más álgido de una discordia

Los argumentos suenan endebles, pero constituyen la versión oficial: el concurso para jueces constitucionales no puede avanzar porque los vocales no han podido ponerse de acuerdo con la redacción de un reglamento.

La vocal Solanda Goyes habla de tres aspectos: que a los candidatos no se les pide experiencia, que no se incluyó un formulario de conflicto de intereses y que falta paridad.

El presidente Mario Godoy dice que hay mesas técnicas que han elaborado el borrador del reglamento a las que no ha acudido Goyes. Y la vocal Yolanda Yupangui pide diálogo y llegar a una posición media cediendo por el bien del país.

“Algo más profundo debe estar pasando, porque acordar varios aspectos en un reglamento es una cosa que ya han hecho antes y que es parte de su trabajo. El Consejo de la Judicatura es un órgano colegiado, funciona si se acuerdan decisiones, si se trabaja por objetivos comunes, si se busca consenso”, dice Marcelo Merlo, excontralor y expresidente de la Judicatura.

Merlo señala que los concursos para nombrar a jueces “son complejos” y que en los últimos meses, con los casos de corrupción judicial destapados, ha quedado de manifiesto que pueden ser manipulados.

“A medida que la Fiscalía ha destapado estos casos, vemos cómo más jueces tienen acuerdos con estos funcionarios corruptos, cómo quieren asegurarse un cargo. Por eso mismo, los vocales deben buscar el bien del país. Nadie puede cuestionar el profesionalismo de la doctora Yupangui y a la doctora Goyes también se la conoce por su trabajo por la justicia”, sostiene.

La Judicatura debe seleccionar a 50 jueces especializados en Garantías Constitucionales. Estos magistrados constituyen la vía de solución para evitar el abuso y desnaturalización de acciones constitucionales como el uso del habeas corpus para liberad de delincuentes con sentencias.

Otros problemas que ahondan la brecha entre los vocales 

A la falta de diálogo, sobre todo entre Godoy y Goyes, se suman las acusaciones públicas de supuestos actos de corrupción y el uso de las redes sociales para crear narrativas. Existen cuentas en la red social X que dedican parte de su contenido a cuestionar la labor de Goyes y a apoyar al gobierno.

Incluso hay cuentas que difunden información falsa como que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó el trámite para comenzar el juicio político contra Goyes, impulsado por ADN. La realidad es que el CAL aún no lo aprueba, hasta revisar requisitos.

Otras cuentas en X, que actúan como ‘troles’, también buscan posicionar la idea de que Solanda Goyes está con el correísmo y que Godoy está con el gobierno. De todo esto, lo único cierto es que ambos son vocales del máximo órgano que administra el sistema judicial del país.

José Suing, presidente de la Corte Nacional, lamenta que no se pongan de acuerdo “en un asunto de procedimiento”, que se solucionaría de forma ágil. “Deberían dialogar sobre los puntos en los que consideran que no existe claridad o ausencia de regulación, y dar paso al concurso de selección de jueces constitucionales, porque es una exigencia que nace de la voluntad popular en la consulta popular de mayo pasado, cuyo plazo está por vencer”.

En una entrevista en Radio Quito, la vocal Goyes dijo que los tres vocales ya están manteniendo reuniones “para darle al país jueces con capacidad y probidad”. Mario Godoy, en sus últimas declaraciones, también habló de la voluntad de ceder y buscar acuerdos.

• Trabajo. Otros concursos que el Consejo de la Judicatura debe realizar, en consenso, es el de la Corte Nacional de Justicia o para el banco de elegibles.

Agendas políticas: Los tiempos apremian

Los tres vocales de la Judicatura actúan de forma prorrogada. Y dos de estos, Mario Godoy y Solanda Goyes, enfrentan pedidos de juicio político. Ninguno se resolverá en el actual Legislativo, que termina su periodo el 13 de mayo.

Sin embargo, el incumplimiento sobre la creación de los jueces constitucionales podría ser un argumento en su contra, pues la ciudadanía, a través de la consulta popular, se pronunció a favor de las judicaturas de Garantías Constitucionales y dio un plazo de un año para su nombramiento.

En promedio, un concurso para nombrar jueces tarda hasta 10 meses, lo que hace imposible que estas dependencias puedan funcionar. En medio de este panorama, el Consejo de Participación busca nombrar a los nuevos vocales de la Judicatura. Pero el Ejecutivo no envía su terna.

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