Pese a que los tiempos corren para Petroecuador en su intención de contratar, hasta el próximo 4 de abril, las nuevas pólizas del seguro multirriesgo de sus activos, una decisión judicial impide, por ahora, esa negociación. Alrededor del aseguramiento de los bienes de la empresa gira una historia de escándalo y controversias.

La Fiscalía y la Contraloría investigan los detalles de las negociaciones de un proceso de emergencia convocado por la estatal petrolera, a través del cual adjudicó, en diciembre de 2020, un contrato por $ 53’450.817,62 al consorcio formado por Hispana de Seguros y Latina de Seguros, y que posteriormente lo declaró nulo.

El    22    de febrero pasado, Roberto Calderón, juez de la Unidad Sur Penal de Guayaquil, negó a Petroecuador un pedido de revocatoria de una medida cautelar constitucional aceptada un mes antes a favor de Hispana de Seguros, empresa que reclamaba que no había sido notificada formalmente sobre la nulidad de la adjudicación de las pólizas.

En su sentencia, el juez ordenó la suspensión de los efectos de dos resoluciones que emitió la gerencia general de la empresa petrolera para declarar nulas la declaratoria de emergencia que derivó en el proceso de contratación, así como la adjudicación del contrato al consorcio.

Según Petroecuador, su argumento para el pedido de revocatoria es que las resoluciones no constituyen actos que vulneren derechos constitucionales de Hispana de Seguros.

Menciona la empresa pública a este Diario que el juez constitucional dispuso la suspensión, por un término de 30 días, del oficio emitido el    21 de enero de 2021, mediante el                            cual se notificó al consorcio sobre la nulidad de la adjudicación, “el mismo que culminará en los próximos días”.

Una semana antes de conocerse esa resolución judicial,  Petroecuador había anunciado un acuerdo con Seguros Sucre para acogerse a una cobertura provisional retroactiva de sus bienes -valorados en cerca de  $ 6.000 millones- por un plazo de 120 días y vigentes desde el 7 de diciembre de 2020.

Juan Carlos Arosemena, abogado de Hispana de Seguros,  señala a EXPRESO que la estatal petrolera no ha acatado lo  dispuesto por el juez y que siguen a la espera de que el accionado cumpla con la sentencia respecto de la medida cautelar.

“Si usted me pregunta quién es la aseguradora actual de Petroecuador, le digo que es Hispana en coaseguro con Latina; pero si le consulta al gerente general de la petrolera le dirá que es Seguros Sucre. Para mí, eso es un desacato constitucional, que eventualmente acarrearía la destitución de funcionarios que se rehúsan a cumplir con esa orden, sin perjuicio de un posible inicio de acciones penales”, advierte Arosemena.

Dadas las circunstancias legales y de tiempos, el abogado ve difícil que la empresa pública pueda adjudicar el 4 de abril -como lo ha anunciado- un nuevo contrato para asegurar sus    activos.

Pero Petroecuador asegura a este Diario que la nueva contratación sí va. “Se están realizando todos los trámites respectivos para que el nuevo proceso de licitación de seguros se realice en los próximos días”.